El Rey Felipe VI ha decidido no convocar por el momento una nueva ronda de consultas con los candidatos a la Presidencia del Gobierno, según ha informado la Casa del Rey en un comunicado.
«Ya veremos». Así de escueto se ha expresado el monarca ante los periodistas antes de entrar a la reunión que tenía prevista con el presidente del Congreso, Patxi López, precisamente para analizar qué pasos dar a partir de este momento, dado que se ha producido una situación inédita en nuestra democracia.
El monarca ha salido a recibir a López al Salón de Audiencias, donde se han estrechado las manos y han posado unos segundos delante de las cámaras. En ese momento, la prensa presente le ha preguntado al jefe del Estado si convocará pronto una nueva ronda de consultas con los partidos para designar a otro candidato a la investidura. «Ya veremos», se ha limitado a contestar.
El artículo 99.4 de la Constitución establece que si el candidato propuesto para la Presidencia del Gobierno no obtuviera la confianza del Congreso en segunda votación por mayoría simple, «se tramitarán sucesivas propuestas» de candidatos por el mismo procedimiento que con el primer candidato, es decir a través de la designación del Rey tras mantener una ronda de consultas con las fuerzas con representación en el Parlamento.
El único límite que fija la Constitución a la presentación sucesiva de propuestas de candidatos son los dos meses de plazo máximo para intentar formar Gobierno antes de convocar elecciones, y que cuentan a partir de la primera votación, esto es, del 2 de marzo. Esto quiere decir que la posibilidad de formar Gobierno y evitar nuevas elecciones concluye el próximo dos de mayo.
Sin embargo, los expertos en Derecho Constitucional discrepan a la hora de interpretar si el jefe del Estado está obligado a presentar propuestas de candidato a la presidencia del Gobierno que no tengan garantías de éxito. El líder del PP, Mariano Rajoy, cuyo partido ha sido la fuerza más votada el 20-D, ha dejado entrever que sólo solicitará presentarse a la investidura si cuenta con los apoyos o abstenciones suficientes para superar la votación, lo que pasa inevitablemente por llegar a un acuerdo con el PSOE.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, reconocía este viernes la complicación jurídica que presenta este escenario inédito de una investidura fallida y aconsejaba «sentido común«, si bien rechazó inmiscuirse en una competencia que es, ha dicho, del Rey y del presidente del Congreso.