La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas de autorizar el desbloqueo de 10.000 euros mensuales de sus cuentas para poder cubrir los gastos de sus abogados en los 16 pleitos que mantiene, la mayoría de ellos contra la formación o alguno de sus dirigentes, abiertos en los tribunales.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha dictado este lunes un auto en el que destaca que existe una «razón fundamental que prima por encima de todas» para desestimar su petición, a la que se adhirió la defensa de su esposa Rosalía Iglesias, y es que sus fondos, bienes y efectos tienen una procedencia «presumiblemente» ilícita.
Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada se basan en el artículo 127 del Código Penal, que regula el decomiso de los bienes que puedan proceder de una actividad delictiva y hace «incompatible» acceder a desbloquear los fondos del que fuera responsable de finanzas del PP.
Causas en los tribunales
Bárcenas presentó hace unos días un escrito en el que detallaba todos los procedimientos abiertos en los tribunales y que -según explica- «se derivan de una u otra forma» de la causa en la que se investiga la trama Gürtel y que define como «distintos y muy plurales».
En concreto, afirmaba que su equipo de abogados asume su defensa en las causas relacionadas con la destrucción de los ordenadores que empleaba durante su etapa en el PP y por su despido de la formación, en los Juzgados de Instrucción de Madrid.
También está inmerso, entre otros, en un procedimiento en Cádiz tras la demanda presentada por la exalcaldesa Teófila Martínez y en tres como demandante y recurrente contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Fue, además, demandado por la exministra 'popular' Ana Palacio y se querelló contra el vicesecretario Javier Maroto y Concepción Gamarra, alcaldesa de Logroño.
El escrito apuntaba que se trata de procedimientos en los que no conviene «dividir o fragmentar las defensas» y defiende la necesidad de contar «con un abogado de plena confianza y de libre elección».
Hizo referencia a que, en otros casos complejos, como 'Malaya', se accedió al desbloqueo de fondos para abonar los honorarios de los letrados y añade que no tendría derecho a acceder a un abogado de oficio y el resto de prestaciones de la justicia gratuita «al contar con bienes suficientes».
Por todo ello, reclamaba el desbloqueo de sus cuentas a los efectos de poder asumir la defensa y representación en condiciones de plenitud, y evitar «de un lado que el procedimiento sea inasumible por la defensa y por otro que el acusado se vea forzado» a recurrir a un abogado de oficio.