La Fiscalía Provincial de Álava solicita una condena de casi 55 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para el ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, al que considera el «dirigente» de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas. El fiscal entiende que De Miguel, acusado por este caso junto a otros exresponsables del PNV, «aprovechó sus responsabilidades políticas» para impulsar esta presunta red de corrupción.
El escrito de acusación del Ministerio Público implica en esta causa a un total de 26 personas para las que solicita apertura de juicio oral y a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, constata en su escrito que De Miguel «ideó la creación», en una fecha indeterminada anterior a 2005, de «un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo».
El plan para llevar a cabo estas actuaciones –explica el escrito Ministerio Público– «fue acordado» por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.
«Enriquecimiento personal»
El exdirigente 'jeltzale', según el fiscal, «aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades», utilizó este entramado «para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».
La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV».
Multa millonaria
Estas contrataciones, según el escrito, se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente 'jeltzale', como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel «mantenía relación o vinculación de una u otra manera». A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero «por trabajos que nunca fueron realmente hechos».
La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. La suma de penas solicitadas por estos tipos penales alcanza los 64 años de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de multas millonarias.