El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el 'caso Imelsa', ha imputado al PP de Valencia por blanqueo y ha ofrecido a la exalcaldesa y actual senadora, Rita Barberá, la posibilidad de declarar antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento. El PP nacional ha eludido esta controvertida cuestión y ha devuelto la pelota al tejado de Barberá, que -dice- será la que tendrá que decidir si declara y cuándo lo hace.
Esta noticia saltaba a los medios de comunicación minutos antes de que estuviera previsto que el vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, compareciera en la sede nacional. Maroto ha tardado 15 minutos más de lo previsto en salir en Génova,13 y su única respuesta a las múltiples preguntas que se han formulado a este respecto es que él no conocía la nueva información, puesto que se había producido mientras el Comité de Dirección estaba reunido.
Hoy han sido todo despejes en la sede nacional. Sobre si la actual senadora debe acudir a declarar o no, Maroto, que en todo momento ha dejado claro no conocer la información, se ha limitado a responder que «será una decisión que tome ella». Y sobre si el partido debe o no actuar sobre la exalcaldesa valenciana, ha señalado que será algo que decida el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular.
Una respuesta muy poco clara si tenemos en cuenta que este organismo habitualmente actúa cuando al menos hay una imputación de por medio. Por el momento, y según han insistido fuentes 'populares', a lo que se dedicará el Comité de Derecho y Garantías en todo caso será a «analizar la información» que existe hasta el momento.
El PP compara al PSOE con «Torquemada»
El resto del tiempo referido a esta polémica cuestión lo ha empleado en arremeter contra la corrupción en el PSOE y en el PNV. Maroto ha acusado al PSOE de actuar de «Torquemada» contra supuestos casos de corrupción en el Partido Popular pero no con el secretario general del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, con diez imputaciones en dos causas judiciales. «Este es un caso grave, pero acabamos de conocer otro gravísimo», ha advertido el vicesecretario 'popular' en referencia al PNV y al denominado 'caso De Miguel', según los 'populares', supuestamente «el mayor caso de corrupción que ha habido en el País Vasco». «En mi tierra», ha recalcado Maroto.
La Fiscalía Provincial de Álava ha solicitado una condena de casi 55 años de cárcel y una fianza de 25 millones de euros para el 'exnúmero dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, al que considera el «dirigente» de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas. «Si esto se confirma, el PNV empezaría a tener el mismo tufo a corrupción que hemos conocido con la familia Pujol», ha advertido el 'popular', que ha aprovechado para recordar a la izquierda parlamentaria que si quire llegar a un acuerdo viable debería de contar con el apoyo de los nacionalistas vascos. «¿Con este PNV es con el que quieren regenerar el país y cambiar las cosas?», ha preguntado el vicesecretario 'popular'.
La corrupción es «incompatible» con la «regeneración política»
Maroto ha sido uno de los dirigentes 'populares' más contundentes contra los casos de corrupción en el Partido Popular. Este lunes, de hecho, ha reafirmado su postura al respecto y ha advertido que su opinión no ha cambiado. Pero su discurso no ha sido tan contundente como de costumbre. Ya en la enésima pregunta ha asegurado que es «incompatible la regeneración política con los casos de corrupción», pero en ningún momento ha querido personalizar en el caso de Barberá.
Marto ha tirado de argumentario y se ha alineado con la posición «antihisteria» a la que apeló Mariano Rajoy en el último Comité Nacional del PP. «Mi regla es para todos igual. Ni Torquemada, ni paños calientes, la posición intermedia es la justa», ha insistido Maroto, quien ha recordado además que en su partido muchas veces han acusado de corrupción a gente -incluidos hoy ministros- que «al final ha quedado en nada». «Cuando se tengan las pruebas debería de ser el mismo partido el que inicie actos judiciales y devolver el dinero que no es suyo», ha zanjado Maroto.