El Gobierno recurrirá la orden del juez federal Itagiba Catta Preta Neto de suspender el nombramiento del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por su presunta implicación en la trama de corrupción de Petrobras.
«Estamos estudiando la situación para poder recurrir hoy mismo», ha dicho en declaraciones al diario brasileño 'Folha' el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que era ministro de Justicia hasta hace dos semanas.
Preta Neto ha ordenado suspender el nombramiento de Lula como jefe de la Casa Civil o «cualquier otro que le otorgue la prerrogativa del foro», con el argumento de que su inclusión en el Gobierno podría entorpecer la investigación judicial.
«La ostentación y el ejercicio del cargo pueden dar lugar a una intervención indebida y odiosa en la actividad policial, del Ministerio Público y del Poder Judicial«, ha esgrimido Preta Neto en una resolución de dos páginas.
Una vez ha tomado posesión del cargo, Lula se ha convertido en aforado, lo que significa que las pesquisas relativas al ex mandatario dirigidas por el juez federal Sergio Moro por su presunta implicación en la trama corrupta de Petrobras pasarán ahora al Tribunal Supremo.
Preta Neto ha considerado que «este ha sido el único motivo» por el que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, le ha nombrado, por lo que podría ser culpable de un delito de responsabilidad por «atentar contra la Constitución y especialmente contra el libre ejercicio del Poder Judicial».
En relación a la posible responsabilidad criminal de Rousseff, el juez ha ordenado remitir un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al procurador general, Rodrigo Janot, para que lleven a cabo «las providencias inherentes a sus respectivos cargos».