martes, septiembre 24, 2024
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Inquietud en la bancada del PP por la fobia de Rajoy al control parlamentario

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El tono bronco y crispado de este miércoles en el Congreso de los Diputados reafirma aún más al Gobierno en funciones en su empeño de no someterse al control parlamentario. “Lo que Rajoy no quiere es que se escenifiquen repetidamente las coincidencias de los adversarios que se resumen en un ‘todos contra el PP’”, explican fuentes parlamentarias ‘populares’. Y esto es precisamente lo que se ha podido apreciar en el debate sobre las conclusiones de los últimos Consejos Europeos que se ha celebrado en la Cámara Baja: la minoría de los ‘populares’ y el abismo que les separa del resto de grupos parlamentarios.

Ahora bien, esto no quiere decir que la bancada del PP al completo esté de acuerdo con la decisión adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, que según fuentes ‘populares’, ha orquestado directamente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La ‘número dos’ del Ejecutivo ‘popular’ se escuda en un informe de los servicios jurídicos de Moncloa que asegura que el Gobierno no tiene la obligación de someterse a iniciativas de control porque no cuenta con la confianza de las Cortes que resultaron de las últimas elecciones generales.

Eso sí, el argumento no sólo no convence a la oposición parlamentaria, sino tampoco a varios miembros de la propia bancada del PP. “Es una muestra más de inmovilismo”, lamentan algunos parlamentarios ‘populares’ consultados por Estrella Digital, que además señalan que esta decisión del Gobierno no se les comunicó oficialmente, sino que muchos de ellos se enteraron a través de la prensa y de las ruedas de prensa de la vicepresidenta de los viernes. Como suele ser habitual en el PP, ningún parlamentario se ha quejado formalmente a las direcciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado. La resignación es máxima. “Los partidos jerárquicos es lo que tienen”, concluyen.

El conflicto llega al Constitucional

Ahora bien, el resto de formaciones políticas no se han querido resignar; y hace más de un mes que declararon la guerra al Gobierno por esta cuestión. Este miércoles, la escenificación de este desacuerdo ha sido total. Primero durante el primer Pleno de esta legislatura al que ha acudido Rajoy para informar sobre el Consejo Europeo y la Cumbre con Turquía que tuvieron lugar a mediados de marzo. Toda la oposición le ha reprochado que haya dado la espalda al Congreso y que haya tenido que comparecer forzado.

Y pocas horas después con la aprobación, por 218 votos a favor, 113 en contra y cuatro abstenciones, de una propuesta formulada  por  los grupos del PSOE, Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Democràcia  i Llibertat, PNV  y el Mixto de apelar al Tribunal Constitucional para que determine si el argumento del Ejecutivo de Mariano Rajoy es válido o si, por el contrario, el Parlamento puede controlarlo en funciones, tal y como defienden dichos grupos.

Claro que los tiempos corren a favor del Ejecutivo ‘popular’. Es un gesto que servirá para fijar normas de cara al futuro, pero no para comprometer a Rajoy. Ahora, el Gobierno tiene un mes para responder antes de elevar la queja al TC. Esto significa que si finalmente no hay investidura y el próximo 3 de mayo se disuelven las Cortes, Rajoy se habrá salido con la suya y no tendrá que comparecer.

Ni él, ni ninguno de sus ministros. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la de Fomento, Ana Pastor ya han dejado vacía su silla en las Comisiones del Congreso que han requerido su presencia. Y los siguientes que tienen previsto hacerlo son el de Interior, Jorge Fernández Díaz, que no explicará las acusaciones de la oposición de impulsar una 'policía política', y el de Industria, José Manuel Soria. Sí lo ha hecho, a petición propia, el de Exteriores, José Manuel García Margallo, y tiene previsto hacerlo este jueves el de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar la desviación del déficit.

Rajoy ha cumplido el cupo con su intervención de este miércoles, tal y como le obligaba la ley de creación de la Comisión Mixta del Congreso-Senado para la UE. Pero por el momento no está previsto que haga ninguna otra excepción.

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