El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, comparecerá este jueves a las 10.30 horas en el Congreso de los Diputados para informar sobre la desviación del déficit público en 2015 y de las medidas correctoras que se va a aplicar a las comunidades autónomas, que prácticamente han duplicado el objetivo que tenían marcado.
Montoro intervendrá ante la comisión parlamentaria del ramo a petición propia «de forma extraordinaria por la urgencia de la materia» y pese a encontrarse en funciones, para informar sobre las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aplicará a las regiones que no han cumplido con el objetivo del 0,7% de déficit del año pasado.
Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz no acudirá a la Comisión de Interior del Congreso, que le ha citado este jueves para dar cuenta de diversos asuntos relacionados con su Departamento pero el Gobierno ya ha avisado de que no acudirá, siguiendo la doctrina del Ejecutivo en funciones de considerar legalmente inadecuado someterse al control parlamentario ordinario.
Fernández Díaz no es el único cargo citado este martes, pues en el orden del día de la sesión también se convoca para diversos asuntos al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; a los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa; al secretario de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste; y a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa.
El Gobierno ya ha avisado al Congreso de que ni el ministro ni el resto de altos cargos de Interior comparecerán este jueves, argumentando el conocido criterio del Ejecutivo del PP de que «la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones y a sus altos Cargos a iniciativas de control, en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados».
La «urgencia» de Montoro
El ministro de Hacienda comparece «por la urgencia en la materia». Y es que el año pasado España llegó al 5,16% de déficit público, casi un punto más del 4,2% acordado con Bruselas. Esta desviación es responsabilidad, fundamentalmente, de las comunidades autónomas, que cerraron el ejercicio en el 1,66% frente al 0,7% previsto.
El Estado, por su parte, se quedó dos décimas por debajo de su objetivo del 2,9% y la Seguridad Social duplicó su tope, al llegar al 1,26%. Los ayuntamientos, por su parte, cerraron con superávit, frente al equilibrio previsto.
Además, la Comisión Europea (CE) cree que los Presupuestos de 2016 no aseguran el cumplimiento de los objetivos de este año (2,8% de déficit global) y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de la incidencia de los resultados de 2015 en los de este año, cuando el déficit podría llegar al 4% según sus previsiones.
Hacienda retiene transferencias
En esta coyuntura, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó tras el Consejo de Ministros del pasado viernes que el Ejecutivo cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que le permite, incluso estando en funciones, limitar el incremento de gasto de las comunidades autónomas al crecimiento nominal previsto para este año (1,8%), así como impedir que los nuevos recursos que recibirán las comunidades este año (unos 10.000 millones para todas las regiones) puedan ir a nuevo gasto.
De hecho, el departamento que dirige Montoro ha comenzado ya a enviar a los gobiernos regionales incumplidores las cartas con las nuevas exigencias que se les imponen, como aprobar un acuerdo de no disponibilidad y remitir información mensual sobre el cumplimiento de la regla de gasto.
Además, este martes el Ministerio de Hacienda anunció que comenzará a hacer uso de las herramientas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria con Aragón y Extremadura por los retrasos en el pago a proveedores que están sufriendo, y que conllevará la retención de algunas transferencias de la liquidación presupuestaria de 2014.
Mantiene asimismo la alerta a Valencia, avisa a Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla León, Cantabria, Galicia y Asturias; y pone en alerta a Baleares, que deberá adoptar medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos «acelerando, en su caso» la aplicación de las ya previstas en su plan de ajuste.
Malestar en las comunidades
La decisión de Hacienda de mostrarse más firme con las comunidades autónomas ha generado malestar en muchos gobiernos regionales, como los socialistas de Andalucía o Valencia.
Otros, como el de Canarias, han reclamado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómico, ya que culpan al actual de las carencias de recursos que provocan el déficit autonómico.
Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que se «sublevará» contra las políticas de Montoro, al que ha tachado de tener «mucha cara» por decir que «la culpa» del incumplimiento del objetivo del déficit del año pasado es de las comunidades. «Como si fuéramos unos manirrotos», ha recriminado.
Esta situación coincide con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en la que se anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013 que fijó la distribución entre las comunidades autónomas de régimen común de los objetivos generales de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el año 2013.
Guindos negociará con la oposición
Al margen de la comparecencia de este jueves, también el titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, acudirá al Congreso a comparecer a petición propia el próximo 19 de abril con «voluntad negociadora» en torno al Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad de España para los próximos años.
Unos documentos que el Ejecutivo debe enviar a Bruselas a lo largo del mes de abril y que recogen tanto los objetivos de déficit de los próximos ejercicios como las reformas que se pondrán en marcha para asegurar su cumplimiento.
Dado que el actual Gobierno está en funciones y podría no repetir mandato, dadas las mayorías parlamentarias actuales, De Guindos buscará alcanzar una posición común con el resto de grupos parlamentarios de modo que los compromisos sean compartidos.
También el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, comparecerá en unas semanas ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para dar información sobre el déficit público.