Las diferentes corrientes que existen en el seno de Izquierda Unida tendrán oportunidad de medir sus fuerzas este domingo durante la reunión del Consejo Político Federal que pondrá las bases para la Asamblea Federal del mes de junio, en el que la coalición renovará a su dirección pero, además, definirá su hoja de ruta política después de meses de debate interno.
La comisión encargada de preparar este cónclave propuso cambiar el sistema tradicional de delegados en la Asamblea por el sufragio universal de todos los militantes para la elección tanto de la futura dirección como de los principios organizativos y políticos de IU.
Sin embargo, esta novedad requiere una modificación de los estatutos de la coalición, que será lo que se debata este domingo. Reglamentariamente, los estatutos sólo pueden ser reformados con el apoyo de tres quintos del Consejo Político Federal, lo que supone que 150 de sus 250 miembros tienen que votar a favor.
Esta elevada cifra supone un reto para sacar adelante la propuesta de sufragio universal, ya que, al margen de las divisiones internas, pocos Consejos Políticos de los últimos años han contado con una participación tan alta de sus miembros.
Esto hace que el acuerdo entre las diferentes corrientes sea casi imprescindible para sumar la mayoría requerida. Izquierda Abierta apoya el sistema de sufragio universal, pero además pide listas abiertas y sustituir la figura del actual coordinador federal por una coportavocía hombre-mujer y mayoría-minoría.
En medio de este debate está el peso de quienes apoyan la denominada ‘Declaración de Zamora’, entre los que están la eurodiputada Paloma López o el alcalde de la capital, Francisco Guarido, apoyados por el coordinador federal, Cayo Lara; y que reivindican la trayectoria de IU y su necesidad en el mapa político actual.
También está en vilo la fecha exacta de celebración de la Asamblea Federal. Oficialmente está fijada para los días 4 y 5 de junio, pero podría modificarse en caso de que hubiera que repetir las elecciones generales.
En caso de trasladarse de fecha, Garzón y su entorno son partidarios de adelantarla al mes de mayo, mientras que Izquierda Abierta quiere retrasarla a después de verano para abordar las elecciones sin tener abierto el debate interno.