lunes, noviembre 25, 2024
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El Congreso inicia el trámite de rebajar la edad de voto a los 16 años

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El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición no de ley de ERC para rebajar la edad de votar a los dieciséis años, una iniciativa que ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Podemos y el Grupo Mixto, mientras que PP, Ciudadanos y el PNV la han rechazado.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que el objeto es «ampliar la democracia» en España porque, a su juicio, no tiene sentido «negar» a los jóvenes de 16 y 17 años la posibilidad de defender frente a la urna medidas que les «precarizan» laboralmente y les «hipoteca» o «niega» el futuro.

Según ha dicho, si a partir de los 16 años los jóvenes adquieren buena parte de sus derechos civiles, se les debe permitir también votar. No hacerlo, a su juicio, es una «una enorme hipocresía» deriva de la capacidad contestaría de toda una generación.

El PSOE, por boca de la diputada María González Veracruz, apoyó la toma en consideración de la iniciativa porque entiende que hay que abordar una reforma global de la ley electoral y porque, en el caso concreto del voto a los 16 años, ve «más motivos a favor que en contra». «Rebajar la edad de voto estimula la participación de los jóvenes en política y su interés por estos temas, factores clave en un momento de desafección», ha resumido.

En nombre de Podemos, el diputado Jaume Moya (En Comú) también ha aplaudido la iniciativa de ERC porque rebajar la edad de voto a los 16 años propiciaría una mayor participación de los jóvenes en la vida política y «forzaría» a los partidos a «canalizar» mejoras política para la juventud. «Un voto en contra sólo se entendería en clave electoral o de temor a empoderar a los jóvenes», ha manifestado.

Desde Democràcia i Llibertat (DL), la convergente Lourdes Ciuró ha dado la bienvenida a la iniciativa de ERC porque se trata de una recomendación de la UE, si bien cree que se queda «algo corta» porque la rebaja a los 16 años no sólo debería afectar al derecho de sufragio activo sino también al pasivo.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que no tiene sentido que los jóvenes de 16 y 17 años tengan reconocidos responsabilidades y derechos de adulto pero carezcan de la posibilidad de decidir sobre las políticas que les afectan.

De su parte, la parlamentaria Sol Sánchez, de Izquierda Unida-Unidad Popular, ha avanzado su voto favorable porque se trata de una medida «de justicia» y en favor de la democracia. Según ha dicho, los jóvenes deben poder reaccionar en el plano electoral contra quienes les «condenan la precariedad» actual.

En la misma línea se ha expresado la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien ha apuntado que espera que esta proposición se traduzca en un compromiso político para el próximo gobierno, pese a que ya vaticina que tendrá «poco recorrido» a tenor de cada vez más probable imposibilidad de conformar un gobierno.

En el extremo opuesto, el PP se ha pronunciado en contra de tramitar la propuesta. La diputada Pilar Cortés considera «incoherente» e «irresponsable» que se plantee una reforma electoral cuando no hay ni Gobierno y todo apunta a elecciones.

El PP no ve sencillo la edad de voto de otros derechos y deberes de la mayoría de edad, pero en todo caso asegura no oponerse a un debate general sobre la ley electoral. Eso sí, ha subrayado que no se debe reformar la LOREG unilaterales y que el PP, incluso cuando tenía mayoría absoluta, no quiso hacerlo porque «las reglas del juego no se pueden cambiar sin consenso».

Desde Ciudadanos, el secretario segundo de la Mesa, Ignacio Prendes, ha avanzado que tampoco no apoyará la propuesta de ERC porque considera que detrás hay un interés electoral, es decir, persigue que más masa poblacional apoye la independencia en Cataluña. «¿De verdad que lo más importante para mejorar la democracia es rebajar la edad de voto?», se ha preguntado, incidiendo en la necesidad de abordar una reforma electoral global.

El PNV tampoco apoyará la proposición de ERC porque, según el diputado Mikel Legarda, se trata de un asunto de «gran trascendencia» que requiere de un debate «más profundo, serio y honrado» y debe ser objeto de un «gran pacto político y social».

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