lunes, septiembre 23, 2024
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La CUP cree que la defensa de un referéndum «ha provocado que no haya mayorías»

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El diputado de la CUP Albert Botran ha atribuido este martes la falta de acuerdo entre los partidos para alumbrar un Gobierno a la defensa que han hecho algunas formaciones del referéndum en Catalunya: «Ha provocado que no haya mayorías».

En rueda de prensa, acompañado de la diputada Mireia Boya ha sostenido que la celebración de la consulta dependerá más de lo que suceda en Catalunya que de lo que suceda en la Cortes españolas.

«El referéndum se celebrará dependiendo de la fuerza que se haga desde Catalunya con la independencia», ha asegurado, y ha considerado que los grupos parlamentarios han hecho del referéndum una cuestión central en las negociaciones para una investidura.

Por su parte, Boya se ha referido a los recursos que el Gobierno en funciones anunció el viernes que presentaría al TC sobre leyes catalanas que considera que invaden competencias, algo que ha afirmado que genera «cansancio».

Ha recordado que su formación no reconoce potestad al TC para decir que el Govern o el Parlament están invadiendo competencias al legislar y ha zanjado: «La única forma de no invadir competencias es tenerlas todas».

«Ante los atentados contra los derechos fundamentales de los catalanes, pedimos que trabaje por la desobediencia y se sumen a la ruptura con el régimen del 78″, ha clamado la diputada, que ha recordado que algunas de las leyes que se suspenden abordan las superficies comerciales -que ha explicado que pretendía proteger al pequeño comercio-, el 'fraking', la igualdad de género y la pobreza energética.

Botrán ha hecho además una llamada a la participación en las manifestación del 1 de mayo, día del trabajador, y ha adelantado que su formación estará presente en movilizaciones del Vallès (Barcelona), Girona, Garraf (Barcelona), Reus (Tarragona) y Pau (Francia).

Además, ha anunciado que el diputado anticapitalista Gabriel Serra realizará un viaje del 27 de abril al 2 de mayo a Buenaventura (Colombia) para supervisar sobre el terreno la actuación de la empresa catalana TCB «acusada de graves impactos sociales y ambientales».

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