La mujer del presidente de Ausbanc Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se enteró a través de los medios de comunicación del intento de extorsión para que Manos Limpias retirara la acusación contra la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'.
Cuadrado ha afirmado que asumió cargos directivos en el grupo porque se lo pidió su marido y ha asegurado desconocer los chantajes que se investigan en la operación 'Nelson', según informaron fuentes jurídicas.
Entre ellos, se investiga a Pineda por prometer en una conversación telefónica con el director general de la Fundación La Caixa «plegar velas» en la acusación contra la infanta e incrementó de dos a tres millones de euros el pago requerido para hacerlo, argumentando que la causa generaba «muchos gastos procesales».
Pedraz ha tomado también declaración en calidad de investigados a Cuadrado, que fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón; la secretaria personal de Pineda, Rosa Isabel Aparicio; y al director de Comunicación de Ausbanc Hermenegildo García.
El fiscal Daniel Campos ha solicitado para todos ellos comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. El magistrado decidirá previsiblemente este jueves sobre la situación personal de los investigados, después de que interrogue al delegado de Ausbanc en Sevilla José Marín Rodríguez; Ramón Perfecto Rodríguez, investigado por ser administrador de varias empresas de Pineda; y al abogado de Manos Limpias José María Gómez de León.
Los trabajadores de Ausbanc han hecho público un comunicado en el que han mostrado su «consternación» por los acontecimientos que afectan a la entidad y su «preocupación» por su futuro.
Entre los servicios centrales y las más de 25 delegaciones repartidas en toda España, Ausbanc suma casi doscientos empleados, que realizan funciones de contabilidad, servicios jurídicos, redacción, publicidad, comunicación, asociados, distribución o recepción.
«Aunque asumimos la presunción de inocencia, somos totalmente ajenos a las acusaciones que se vierten sobre parte de la dirección de Ausbanc, por lo que rogamos que no se extiendan dichas valoraciones a los trabajadores, dado que se nos está haciendo un enorme daño a nuestra imagen personal y profesional», destacan.
Los letrados defienden que siempre han trabajado con «esmero, dedicación y profesionalidad» y solicitan a la Justicia que puedan hacerse efectivos los salarios y gastos imprescindibles para continuar con su labor profesional, después de que se haya ordenado bloquear las cuentas de la entidad.
«Queremos hacer pública nuestra consternación por los acontecimientos que afectan a la entidad y la preocupación por nuestro futuro. A pesar de todo, seguimos y seguiremos trabajando en la defensa de los derechos e intereses de nuestros clientes, asociados y lectores, que siguen confiando en nosotros», concluyen.
Pedraz investiga al presidente de Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Bernad, quien también se encuentra en prisión desde el pasado 18 de abril por la operación 'Nelson'.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El juez dejó en libertad la pasada semana al responsable de comunicación de Manos Limpias Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, a quienes impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de «convenios publicitarios» así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.