La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, han abierto este viernes un «cauce de diálogo» sobre una serie de asuntos que afectan a la vida «cotidiana» de los catalanes, pero han constatado sus diferencias sobre la independencia de Cataluña. De hecho, Junqueras -que es también presidente de ERC– ha confirmado que el Gobierno catalán tiene voluntad de «intentar cumplir» con el «compromiso» que recibieron en las urnas para la llamada desconexión con España en el plazo de 18 meses.
Ambos han comparecido tras mantener una reunión de una hora y cuarto en el Palacio de la Moncloa, que han calificado de «muy cordial», «agradable» y en «un buen clima». «Desde el punto vista de la actitud, muy cordial y un verdadero placer», ha resumido Junqueras sobre esta entrevista, que se produce tan solo una semana después de la primera reunión entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Junqueras ha reconocido que es la «primera vez» que acude a Moncloa y ha destacado que esta reunión «se ha producido hoy y no antes». «Y desde este punto de vista es evidente que es más fácil dialogar hoy de lo que había sido tradicionalmente», ha apostillado, si bien ha matizado que está por ver si ese diálogo tiene frutos.
«Creo que hemos abierto un cauce de diálogo que espero que sea estable», ha manifestado después Sáenz de Santamaría, que ha confiando en que ambos puedan tener próximas reuniones, si bien ha admitido que este momento la previsible repetición de las elecciones generales influye en el calendario de trabajo entre ambos gobiernos. Eso sí, ha señalado que el teléfono «sirve para resolver cuestiones concretas» y han dejado abierta esa posible vía de contacto.
Santamaría ha subrayado que el Gobierno del PP es «muy consciente» de que en un clima de cooperación y reformas compartidas pueden trabajar «todos juntos» para servir al objetivo clave de la creación de empleo y la recuperación económica. Uno de los principales asuntos de la reunión lo ha centrado la ley catalana de pobreza energética, un asunto que el Gobierno analizará mañana en Consejo de Ministros antes de decidir si lleva esta norma al Tribunal Constitucional.
«Somos un Gobierno independentista»
Oriol Junqueras ha reconocido que también ha sido una reunión «muy difícil» porque es «evidente» que defienden posiciones «distintas» en «muchos ámbitos» (entre las que ha destacado el techo de déficit, cuyo reparto ha calificado de «injusto» y «arbitrario), si bien ha dicho que están «predispuestos» y tienen la «mejor actitud» para llegar a acuerdos que sean «útiles» para los ciudadanos.
Así, ha subrayado que el Gobierno de Cataluña es «un gobierno independentista» que cuenta con el apoyo de una mayoría independentista en el Parlamento tras los comicios catalanes. Según ha añadido, el Ejecutivo de la Generalitat actuará en función de ese mandato que los ciudadanos les han «encomendado». «Tenemos un mandato democrático y lo que haremos será cumplirlo. Es evidente que el Gobierno español hará lo posible para que no sea así», ha apostillado, tras recordar que el compromiso que tienen es ejecutar la independencia en 18 meses.
Junqueras ha explicado que la creación de «una nueva república se producirá en un marco multilateral» porque «todos los procesos políticos relevantes tienen carácter multilateral». «La norma es que cuando se produce un proceso de independencia siempre hay un proceso de reparto de activo y pasivo», ha señalado, poniendo como ejemplo lo que pasó en Irlanda o Dinamarca.
Según ha agregado, su «voluntad» es que eso se produzca en «un contexto lo más afable y cordial posible» porque están convencidos de que «jamás habrá unas relaciones tan buenas entre ambos gobiernos como cuando sean relaciones entre iguales».
Por su parte, Santamaría ha dejado claro que el Gobierno de España no puede decidir sobre «la soberanía del pueblo español» pero ha resaltado que hay «otros muchos temas» sobre los que pueden hablar que afectan a los problemas diarios de los catalanes y cómo se pagan las facturas. «Nos hemos centrado en esos otros muchos temas», ha puntualizado.
En este sentido, ha exclamado que Junqueras sabe que ella no puede convertirse en una «furibunda independentista» y que en el discurso político ya saben cuál es la posición de cada uno. «Él lo sabe y yo sé por donde va él. Pero es vicepresidente de un Gobierno y yo de otro, que tenemos una cosa en común: los catalanes», ha dicho, para insistir en que ambos deben trabajar para solucionar los problemas de los catalanes.
En parecidos términos se ha pronunciado Junqueras al asegurar que la meta en política es ser útil a la gente, intentando resolver asuntos como los tratados en la reunión de hoy. Sobre la independencia, ha dicho que es «muy difícil» que él deje de ser un independentista catalán y que «la señora Soraya Sáenz de Santamaría se convierta en una apasionada defensora de la independencia de Cataluña». «¿Alguna expectativa de que nos convenzamos mutuamente? Creo que es muy escasa. ¿Pero eso es óbice para que no estemos de acuerdo en determinados aspectos? Seguro que no», ha concluido.
El Gobierno analizará de nuevo y «con mucho interés» la ley catalana antidesahucios y contra la pobreza
El Gobierno analizará de nuevo y «con mucho interés» la ley catalana antidesahucios y contra la pobreza energética antes decidir mañana en su reunión del Consejo de Ministros si la lleva al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, según han acordado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la reunión mantenida este jueves en el Palacio de la Moncloa.
La conflictividad ante los tribunales ha sido uno de los asuntos que ambos han tratado en el encuentro, de una hora y cuarto de duración, que ambos han calificado de «cordial» aunque «difícil» por su divergencia de posturas en múltiples asuntos. «Hay una batería de recursos y suspensiones de todo tipo», ha denunciado Junqueras, a lo que Sáenz de Santamaría ha respondido alegando que se trata de recursos que interponen ambas administraciones para que el Tribunal Constitucional haga de «árbitro» entre ellas.
El asunto más inmediato es la Ley 24/2015 del Parlament de Cataluña, algunos de cuyos artículos el Gobierno podrían ser recurridos mismo por el Consejo de Ministros. Junqueras ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno que se paralice ese recurso y, si se interpone, no se pida la suspensión cautelar, ya que se trata de «un instrumento útil para la ciudadanía» que además ha servido de ejemplo para leyes de otras comunidades autónomas.
Sáenz de Santamaría no ha querido aventurar cuál será la decisión final del Consejo de Ministros y se ha limitado a asegurar que la ley será analizada «con mucho interés», aunque ha querido dejar claro que, en caso de recurrirse, se trataría de algunos artículos concretos, no la ley completa, y por invasión de competencias, no por desacuerdo con el fondo del asunto.
«Para el Gobierno no es asunto del contenido de la norma sino de hasta dónde un parlamento autonómico puede entrar o no a regular ese asunto», ha argumentado asegurando que los recursos no se basan en «criterios políticos». «No estamos hablando de discrepancias políticas sobre el fondo del asunto. Estamos hablando de discrepancias sobre el reparto competencial», ha insistido.
Por su parte, Santamaría ha pedido a Junqueras que la Generalitat no lleve al Tribunal Constitucional la regulación de las auditorías energéticas a las grandes empresas, que el vicepresidente catalán se ha comprometido a estudiar, igual que la firma de los convenios sobre gestión de emergencias y conectividad de los centros escolares.
Este cruce de peticiones sobre futuros recursos ha tenido lugar después de que este miércoles fuera público el acuerdo sobre cinco puntos en conflicto para evitar llevar al Tribunal Constitucional tres leyes. «Sólo faltaría», ha dicho Junqueras sobre la decisión de no recurrir el Instituto Catalán de Finanzas, a lo que Santamaría ha respondido explicando que el acuerdo ha sido posible gracias a una matización en el carácter del órgano.
Otro asunto que ha estado sobre la mesa durante la reunión ha sido el de la situación económica y el cumplimiento de los objetivos de déficit, que este mismo jueves es objeto de debate en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que mantiene el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con todas las comunidades autónomas.
Junqueras ha trasladado su convencimiento de que la distribución del techo de déficit entre administraciones es «profundamente injusta, arbitraria y está muy lejos de lo que los ciudadanos merecen» y, aunque ha reconocido el avance de pasar del 0,3% al 0,7%, ha denunciado que esta cifra está aún «a años luz» de lo que considera que correspondería a Cataluña.
Sin embargo, la vicepresidenta ha recordado algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo que han supuesto «un desahogo» para muchas autonomías y para Cataluña en concreto, que en 2016 recibirá 1.862 millones de euros más del sistema de financiación respecto al anterior ejercicio y se ha ahorrado en intereses otros mil millones de euros.
«Nosotros tenemos en cuenta todos los fondos y criterios y partidas de todos los presupuestos. Pero si el Gobierno cumpliese con sus obligaciones, el FLA sería innecesario», ha defendido por su parte el vicepresidente catalán.
Respecto a la Junta de Seguridad, que no se reúne desde hace siete años y para la que la Generalitat reclama una cita urgente, Santamaría ha ofrecido sustituirla por un encuentro entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el conseller del ramo, Jordi Jané, dada la interinidad del Gobierno. A su juicio, la cooperación entre los diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad funciona correctamente, pero esta reunión puede servir para mejorar algunos aspectos operativos.
Otro de los puntos de desencuentro es el plan hidrológico del Ebro, contra el que Junqueras se ha manifestado y ha expresado su esperanza de que sea echado atrás por las instituciones europeas. Santamaría no comparte esta postura, aunque ha mostrado su «respeto», y ha señalado que supone un 55 por ciento de caudal superior al que solicitaba el expresidente Artur Mas en 1996 y que Cataluña recibirá hasta el año 2021 más de mil millones de euros en inversiones, la cuarta parte de la inversión total.