La Audiencia Nacional ha confirmado el bloqueo de las cuentas bancarias en España de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del matrimonio formado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, y de su exmujer Mercé Gironès Riera.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha confirmado el auto que el juez José de la Mata dictó el pasado octubre por el que acordó el embargo de las cuentas, depósitos, valores y activos financieros de Pujol Ferrusola y las sociedades Iniciatives Marketing Cat, Active Translation e Inter Rosario Port Services; y le prohibió disponer de varios inmuebles.
Los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado y Fermín Echarri rechazan la alegación del primogénito de los Pujol de que los hechos carezcan de tipicidad penal, puesto que las actuaciones reflejan la indiciaria comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
En este sentido, los jueces apuntan a las operaciones en las que Pujol Ferrusola «se deshizo de activos con la implicación» de su exmujer y las empresas vinculadas a ellos.
A modo de ejemplo, señalan, el importe de las facturas por valor de 11,5 millones que suman las expedidas por las empresas vinculadas al antiguo matrimonio, cuya cifra de negocios principal procede de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones en el sector público, especialmente de tipo urbanístico.
«Carecen de pruebas que justifiquen la realización de trabajos, ni otro tipo de documentos, como realización de informes, que aclaren el importe referido», añade la Sala, para agregar que tampoco se ha esclarecido la compra de un terreno en Palamós por 217.000 euros y, pasados menos de tres años, lo vende por 4,8 millones.
«Cuantía que difiere mucho con la de otros terrenos colindantes, precio pagado por el Grupo Copisa metido de lleno en los concursos, proyectos y licitaciones en el sector público», precisan los jueces.
Recurso de la exmujer
La Sección Tercera ha desestimado también el recurso de apelación de Merce Gironés Riera, la exmujer de Pujol Ferrusola, quien desde una lógica «interesada» alegó que los hechos investigados no constituían presuntamente un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
«El escrito del Ministerio Fiscal es plenamente clarificador», sostiene el auto, «en cuanto a los movimientos en cuatro años de las mercantiles en las que la apelante es administradora única, que oscilan desde 106.796 euros a 12 millones de euros».
También señala a los movimientos en divisas que supusieron unas entradas de 22 millones y unas salidas de 32 millones de euros, «ingresos que se justifican o se intentan justificar con facturas que no acreditan el servicio que ha generado la facturación». Además, precisan que la decisión se fundamenta teniendo en cuenta que las empresas pagadoras fueron adjudicatarias por las administraciones públicas en el ámbito de Cataluña.
Finalmente, desestima el recurso de Mercé Gironés tras haberse descubierto que era titular de cuentas corrientes en Andorra junto con su expareja Jordi Pujol Ferrusola, «cuya existencia negó si bien después han sido puestas de relieve a través de las diligencias de investigación practicadas».