Según los expertos al sur del Duero ya hay entre 24 y 26 manadas de lobos. Se trata de la zona de protección máxima para el lobo, pero la Junta de Castilla y León solo quiere mantener 20 grupos de estos animales que han estado cerca de la extinción en buena parte de la Península, lo que en la práctica supone licencia para dispararles y matarlos. El lobo, un animal mitológico, depredador y que ha demostrado astucia para sobrevivir tiene grandes enemigos: el sector cinegético y algunos sindicatos agrícolas. Los particpantes en las jornadas celebradas este jueves en Madrid, organizadas por Comisiones Obreras, bajo el lema «Por la recuperación y conservación de una población protegida viable, en equilibrio y en coexistencia», concluyen que la sociedad española apuesta por la protección de la biodiversidad, pero la Administración prefiere vulnerar la normativa europea respecto a la conversación de este mamífero clave en el ecosistema.
El objetivo era analizar el papel del lobo ibérico en el Sistema Central. “El Gobierno de Rajoy quiere que la Unión Europea modifique el actual estatus jurídico del lobo y quitarle la protección que tiene en el Sur del Duero. Es un disparate de una envergadura tremenda”, explica a Estrella Digital José Luis Díaz, uno de los ponentes del acto y responsable del sector económico de CCOO de Madrid. Además, denuncia que en algunas zonas, con el permiso de gobiernos autonómicos y amparados por el estatal, se está exterminando al lobo.
Díaz denuncia que la protección del lobo al sur del río Duero en la Red Natura 2000 no se cumple, por lo que se infringe la Directiva Hábitats promulgada por la Unión Europea. Esta norma recoge que el lobo es una especie protegida de interés comunitario en todo el territorio nacional, y especialmente en el Sur el Duero. Es decir, es obligatorio protegerlo y alcanzar un buen estado de conservación. Sin embargo, Díaz alerta de que no solo no se está cumpliendo sino que además, en algunos territorios del país se está “aniquilando” y “exterminando” al lobo. “Vemos como, por ejemplo, la Junta de Castilla y León en vez de hacer lo que establece la directiva lo que hace es matar a los lobos. En Ávila se están exterminando a los lobos”, subraya Díaz. “La Junta de Castilla y León utiliza este tema como tinta de calamar para tratar de ocultar y esconder otros problemas”, añade.
Desde la asociación ecologista WWF también denuncian a través de un estudio que la planificación de la Red Natura en las zonas prioritarias para el lobo no aborda la conservación de la especie y no cumple las obligaciones legales derivadas de la inclusión de la especie en la Directiva Hábitat para las poblaciones del sur del Duero. La organización revela que en gran parte de los planes no incluyen al lobo como un elemento clave y no definen los objetivos de conservación o no se realiza de forma cuantificable. La ONG ve especialmente alarmante el caso de Castilla y León, que sí define un objetivo concreto para la población al sur del Duero, pero inferior al número actual de lobos existentes, lo que implica que se quiere mantener una población de al menos 20 manadas donde actualmente ya hay entre 24 y 26 manadas. “Es manifiestamente ilegal”, añade.
Según el portavoz, los intereses de unos pocos se anteponen al interés general de la ciudadanía y del medioambiente. En concreto, Díaz señala a los sectores cinegéticos y a ciertos sindicatos agrícolas corporativos como los grandes beneficiados de la exterminación del lobo que “siembran el miedo” para perjudicar la figura del animal. “La caza mayor genera mucho dinero e intereses a ciertos sectores como el cinegético, que tiene mucho poder, que cazan al lobo porque les gusta simplemente como trofeo e imponen su santa voluntad”, dice Díaz. Además, denuncia también que el “negocio” que se está generando en torno a la caza mayor “es una vergüenza”. “Hay cotos de caza mayor en el suroeste de Madrid que son en realidad son fábricas de ciervos. No tiene nada de deportivo, se caza de manera industrial totalmente contraria a los intereses del ecosistema y de los intereses de la mayoría de los españoles que apuestan por su conservación”, explica Díaz. Los expertos aclaran que estas prácticas, además de ilegales, son contraproducentes porque alteran el ecosistema.
El sindicato apuesta por el papel clave de los Agentes Forestales, Agentes Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente, pretende impulsar propuestas para la mejora de los hábitats, la restauración de los ecosistemas y la conciliación de los intereses para consolidar una “nueva percepción social sobre el valor de la biodiversidad, el territorio y los paisajes vivos”.