El diputado de Podemos en el parlamento extremeño Eugenio Romero se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 16 de junio junto a otras 18 personas por interrumpir un informativo regional de TVE para protestar por el impago de la Renta Básica de Inserción y solicitar la aprobación de una norma que la regulara.
Los acusados, entre los que se encuentra también el excoordinador regional de IU Manuel Cañada, serán juzgados por el Tribunal de Justicia de Extremadura que se hizo cargo de la causa después de que el Juzgado de Instrucción rechazara la petición de Romero de renunciar a su aforamiento.
La Fiscalía les acusa de delitos de desórdenes públicos y coacciones por los que solicitan la imposición de multas de entre 9.000 y 11.520 euros a cada uno, que alcanzan un total de 171.000 euros. Atribuye a uno de ellos una falta de maltrato de obra por un golpe propinado al director del centro territorial.
Según indica la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, los 19 acusados «irrumpieron abruptamente y en tropel», el 11 de febrero de 2014, en el plató donde se emitía en directo el informativo territorial.
Formaban parte del colectivo 'Campamentos Dignidad', dedicado a impulsar reivindicaciones de tipo social. El fiscal relata que el grupo se dirigió al Centro Regional de RTVE en Mérida donde, en ese momento, «comenzaba la emisión en directo del informativo».
«Con ánimo de alterar el funcionamiento de las instalaciones e impedir la correcta emisión del informativo accedieron todos juntos al interior sin que el vigilante de seguridad de la puerta pudiera hacer nada para impedirlo», indica el escrito.
Detalla como, apartando a cuantos trataban de impedirlo sujetando la puerta, se colocaron detrás de la presentadora del informativo, frente a las cámaras, y desplegaron una pancarta y reclamaron «a gritos» la creación de una renta básica, «provocando el corte de la emisión».
La presentadora sufrió un ataque de nervios y el informativo quedó suspendido 20 minutos hasta que los participantes en la reivindicación fueron detenidos.
Los acusados estarán representados por un grupo de siete abogados que se ocupan de su defensa de forma altruista, entre los que se encuentra Endika Zulueta. «Algo está fallando cuando el Estado considera delictiva la actuación de unas personas que simplemente hicieron un ejercicio de pacífica desobediencia civil», ha dicho en declaraciones a Europa Press.
«Reclamaban al Estado que cumpliera justo aquello a lo que está obligado: materializar los derechos sociales, especialmente los de la ciudadanía que se encuentra económicamente más necesitada», ha agregado, en referencia a la renta básica.