Los sindicatos CC.OO. y UGT han expresado hoy su deseo de que los tribunales aclaren lo más rápidamente posible que no ha habido fraude en los cursos de formación extremeños y se cierren así los «juicios paralelos».
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un posible fraude en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CC.OO.
CC.OO. confía en que esa decisión de Anticorrupción sirva para aclarar de manera definitiva y rápida que la actuación del sindicato fue totalmente correcta.
Añade que CCOO puso por propia iniciativa a disposición de Anticorrupción una copia de toda la documentación de los cursos desde el momento en el que el Servicio Público de Empleo Extremeño (Sexpe), bajo el anterior Gobierno del PP, presentó la denuncia.
Asegura que esto se hizo para demostrar desde el primer momento que toda la actuación del sindicato se ajustaba a las bases de la convocatoria, que estaba todo debidamente justificado según las exigencias de la Administración regional y que el sindicato buscaba colaborar activamente para darle celeridad al proceso.
CC.OO. reconoce que los responsables políticos del PP «consiguieron en parte sus objetivos, que no eran otros que dañar la reputación sindical a pocos meses de las elecciones autonómicas».
Añade que la decisión de la Fiscalía Anticorrupción era lógica y previsible con el fin de despejar las incertidumbres que sembró la denuncia del SEXPE, pese a que no había ninguna notificación resolutoria de este organismo y no se había reclamado al sindicato ninguna cantidad ni plazos de devolución.
De hecho, advierte de que en el proceso de justificación se cruzaron diversos requerimientos y comunicaciones entre CCOO y el Sexpe para tramitar con normalidad esta justificación y repentinamente apareció, en una rueda de prensa «a bombo y platillo», el anuncio de la denuncia por parte del Ejecutivo regional de Monago sin aviso oficial previo.
Las acciones formativas a las que alude la Fiscalía están justificadas doblemente, a su juicio, por un lado con los requisitos de un decreto de 2008 y después con otro de 2012, que es en el que se basa la auditoría que encargó el Sexpe.
De la convocatoria en cuestión, CCOO ejecutó 149 acciones formativas que atendieron a 2.242 alumnos por un valor total de 1.766.839 euros.
En similares términos, UGT considera «adecuada» la actuación de la Anticorrupción, ya que le permitirá defenderse «de una vez por todas» de las acusaciones.
La denuncia que hizo en su momento el Gobierno del PP tenía «un claro carácter electoralista, ya que no dejaron finalizar el proceso normal de justificación, interponiendo una denuncia en Fiscalía y dando traslado público de la misma ante los medios de comunicación de Extremadura», indica UGT en un comunicado.
UGT expresa su deseo de que las actuaciones del Juzgado de Instrucción de Badajoz sean rápidas para «no seguir poniendo en entredicho durante más tiempo la labor» del sindicato en materia de formación.