«Necesitamos ayuda en redes sociales con el tema de Javier Maroto y Alfonso Alonso ya que la izquierda intenta hacer demagogia e insinuar corrupción cuando no la hay». Esta es la petición que la dirección nacional del Partido Popular ha hecho llegar a todos los 'populares' vía WhatsApp pocas horas después de que el Tribunal de Cuentas haya condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria.
«¿Por qué a estos sí los tenemos que defender y a otros no?» Esta es la pregunta que a estas horas corre como la pólvora en el seno interno del PP. Un sector de 'populares' no entiende este «rápido y eficaz» despliegue de comunicación para defender a dos importantes miembros del partido y critica la falta de protección que se ha visto con otros casos.
En concreto, ponen dos ejemplos. Por un lado, el de la senadora Rita Barberá, donde reconocen que hay caso pero recuerdan que es «fortuito y circunstancial». «Sin embargo, a ella la echaron a los leones desde el primer día», insisten. Los vicesecretarios 'populares' más jóvenes como Pablo Casado y Javier Maroto nunca estuvieron conformes con las explicaciones de la exalcaldesa de Valencia y presionaron para que Barberá diera un paso atrás y «no siguiera perjudicando a todo el partido». Y por otro lado el de David Ortiz, exalcalde de Móstoles y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue a Ortiz después de haber encontrado indicios de que el exalcalde influyó para que la empresa Cofely lograra un concurso público valorado en 73 millones de euros. «Mientras a unos los crucifican, a otros les salvan», advierten fuentes 'populares'.
En lo que respecta al caso de Alonso y Maroto, el PP considera que la sentencia es un ataque totalmente ideológico y asegura que la va a recurrir. El Tribunal de Cuentas considera que los dos dirigentes 'populares' cometieron una «negligencia grave» y son responsables contables directos de haber ocasionado un «perjuicio» en los fondos públicos municipales por el alquiler de una oficinas en Vitoria.
«Ideologización» de la Justicia
La dirección 'popular' insiste en que lo se juzga «no es un delito de corrupción», sino si el precio de un local que alquiló el ayuntamiento de Vitoria para las oficinas de turismo era en precio de mercado o no. Según la versión oficial del PP, Maroto, como alcalde de Vitoria, logró rebajar el precio del alquiler. «Cosa que el anterior alcalde del PSOE no hizo, y encima tiene la jeta de denunciar», dice textualmente el argumentario oficial del PP al que Estrella Digital ha tenido acceso. «No se ha juzgado nada ni en los juzgados ni por parte de un juez. Ha sido en el ámbito administrativo, y ha fallado una consejera de cuentas (no jueza) nombrada por PSOE a propuesta de IU tras un acuerdo alcanzado por Rubalcaba y Cayo Lara», concluyen.
Fuentes 'populares' consultadas por este diario están de acuerdo con estas explicaciones. Es más, insisten en que «los jueces ideológicos están destruyendo la justicia en España». Sin embargo, también creen que la estrategia 'popular' de «salvar a unos sí y a otros no» tampoco es «positiva». Son conscientes de la importancia de Alonso y Maroto en la dirección nacional, pero recuerdan que en este tipo de acusaciones no son «más que los demás». «Si creen que defendiendo sólo a unos y no a la mayoría van a conseguir un balance positivo se equivocan», concluyen las mismas fuentes.
Elsa S. Vejo