La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá declaró el 3 de mayo ante el instructor del expediente informativo que le abrió el Comité de Derechos y Garantías del PP por un caso de supuesto blanqueo de dinero, han revelado hoy los vicesecretarios del PP Javier Maroto y Fernando Martínez-Maillo.
Maroto, vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, ha señalado que el partido continuará con ese expediente informativo para que sea «lo más ágil posible» y ha añadido que las deliberaciones del Comité de Derechos y Garantías se harán públicas cuando se conozcan los resultados definitivos.
«Espero que se resuelva lo antes posible», ha subrayado el dirigente popular en rueda de prensa en la sede del PP.
«El instructor ha tomado declaración a todos los concejales ya y está tomando declaración en Valencia a los asesores», ha explicado además Martínez-Maillo en declaraciones hoy a la Cadena Ser.
El vicesecretario de Organización ha insistido en que habla con Barberá regularmente porque así lo exige su cargo y ha añadido que ella «niega» el blanqueo de dinero, al igual que el resto de concejales valencianos.
Maroto ha dicho además, al ser preguntado por el caso Púnica y la declaración ante la Audiencia Nacional de David Marjaliza, el cerebro de la trama, que el partido actúa «con la misma contundencia y unidad» en todos los casos de corrupción.
Aunque ha reconocido que no existe «uniformidad en los tonos y las palabras en el PP», ha señalado que eso no quiere decir que no haya unidad y ha destacado que existe sobre todo «contundencia: el que la hace la paga». «En materia de corrupción no hay duda», ha añadido el vicesecretario de Sectorial.
El juez del caso Imelsa ha enviado al Tribunal Supremo la parte que afecta a Rita Barberá, ya que considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación y el juzgado no es competente sobre aforados.
La investigación del juzgado de instrucción número 18 de Valencia se centra en el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.