Todos los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas se han mostrado hoy de acuerdo con la reforma de la Ley Electoral de Aragón, que data de 1987, y que en el debate para su modificación se hable de cuestiones como la edad de voto, la limitación de los gastos electorales o las listas desbloquedadas o abiertas.
El consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, ha comparecido hoy ante el Pleno de las Cortes, a petición del PP, para explicar la posición del ejecutivo respecto de una futura modificación de la ley, que ha sufrido desde su promulgación pequeños cambios, «superficiales» y «no sustanciales», pero que requiere de un «gran consenso» para adaptarla a los tiempos actuales, ha dicho.
En enero, las Cortes de Aragón aprobaron la constitución de una ponencia especial para la elaboración de una proposición de ley de reforma de la ley que aún no se ha activado, a pesar de la coincidencia de los grupos en la necesidad de que esta norma se cambie.
Guillén, quien ha advertido de que es necesario alejar este debate de cualquier convocatoria electoral, ha insistido en que la reforma debe de ser hecha con el mayor consenso posible, y ha avanzado algunas de las cuestiones sobre las que habrá que hablar.
Entre ellas, la rebaja «sustancial» de los gastos electorales; el desbloqueo de las listas para que los ciudadanos puedan cambiar el orden de los candidatos; dar carácter vinculante a los programas electorales; el sistema proporcional de representación territorial; la extensión del voto a los mayores de 16 años; la inegibilidad en el caso de apertura de juicio oral, o garantizar que los diputados no cobran ningún tipo de sobresueldo.
Estas medidas se incluyen en los pactos de investidura y de gobierno, respectivamente, que el PSOE firmó con Podemos y con CHA.
Pero Guillén ha puesto sobre la mesa otras cuestiones en la ley que ya han tenido en cuenta otras comunidades, como Asturias.
Y, así, se ha referido a la posibilidad de emitir el voto anticipado o electrónico; al envío conjunto de papeletas de todos los partidos por parte de la administración; a la fijación de un número de debates mínimo en la televisión pública, y a posibilidad de sustitución temporal de los diputados por baja maternal o de otra índole.
Por su parte, el diputado popular Miguel Ángel Lafuente ha insistido en que hay que hacer cambios en esta norma, pero «no para dinamitar las instituciones desde dentro», sino para «recuperar» su prestigio.
Los políticos, ha agregado, tienen que estar «al servicio público» y tiene que haber una «relación más directa» entre los representantes y sus representados.
Para ello, ha apostado por buscar mecanismos para la rendición de cuentas, por las listas desbloquedas -pero con ciertos límites-, de limitación de gastos y de la auditoría de los partidos por parte de la Cámara de Cuentas.
EFE