El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido que la respuesta del Gobierno español a la tragedia de los refugiados es «posiblemente insuficiente todavía», aunque ha defendido que el Ejecutivo cumple con sus compromisos internacionales y a mediados de junio habrá acogido a 586 personas.
Así lo ha manifestado este jueves durante su participación en la mesa redonda «Crisis de refugiados en Europa» organizada por el Consejo General de la Abogacía Española en la que ha defendido el compromiso del Estado español ante esta crisis migratoria, «seguramente la peor desde la II Guerra Mundial».
Ha afirmado que la acción del Gobierno «se ha multiplicado» para dar respuesta, «posiblemente insuficiente todavía», pero coordinada, colaborativa y proporcionada a esta tragedia.
En este sentido, ha subrayado que el presupuesto público de 2016 destinado a estas partidas se ha incrementado en 53 millones de euros y hay prevista una dotación de otros 200 millones adicionales que permitirán cumplir el compromiso de España de reubicar a un total de 15.888 refugiados y reasentar a 1.449 personas más.
Catalá se ha mostrado convencido de que a mediados de junio España habrá recibido a 586 refugiados, 200 de ellos vía reubicación desde Grecia e Italia y 386 lo harán por reasentamiento desde Turquía y Líbano.
«La solidaridad de España ha quedado acreditada una vez más con ocasión de esta crisis migratoria», ha asegurado el ministro de Justicia, que ha apelado a la tradición de España como tierra de acogida.
Ha recordado que durante el año 2015 se han registrado 14.557 solicitudes de protección internacional, 5.000 de ellas de ciudadanos sirios, y que desde 2014 han aumentado un 150 % las solicitudes de protección internacional, que se han multiplicado por 5 desde 2012.
Ha explicado que el Gobierno ha trabajado «con espíritu de solidaridad y compromiso» con los socios europeos desde inicio de la crisis para tratar de dar la mejor respuesta y evitar que los refugiados tengan que emprender ese «camino tortuoso, penoso, peligroso y muchas veces mortal» y profundizar en lo que queremos hacer de Europa, un espacio «de libertad, seguridad y justicia».
Asimismo, ha defendido que para resolver esta crisis es necesario ir a los orígenes del problema y provocar un proceso de paz que permita a los refugiados volver a su casa sin que sea un riesgo para su integridad. «Estamos haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad», ha afirmado.
No ha compartido esta opinión el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Abogacía, Oriol Rusca, que ha denunciado que Europa no ha sabido dar respuesta a esta crisis y el reparto de cuotas sólo ha logrado el compromiso de reubicar y reasentar una «ínfima» cantidad de personas que «ningún país se ha tomado en serio».
Además, ha alertado de que la mala gestión de esta crisis está teniendo un efecto boomerang de odio y xenofobia en países «donde deberían imperar principios de solidaridad, corresponsabilidad y de estar al lado de los más necesitados».
«Nos da vergüenza pertenecer a una Europa en la que los ciudadanos estamos en un segundo lugar y nos preocupamos más por quedar bien y esconder la porquería debajo de las alfombras que por encontrar soluciones para las personas que lo están pasando mal», ha aseverado el también decano del Colegio de Abogados de Barcelona.
Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha calificado de «bochornosa» la reacción de la UE que ha «ignorado» los derechos humanos y de protección de las personas refugiadas cuando precisamente Europa se fundó sobre los valores de respeto a la dignidad de las personas.
Ha denunciado el acuerdo con Turquía «que trata a los refugiados como mercancías» y ha alertado del peligro que corre Europa de «volver a los totalitarismos» como lo demuestra el auge de partidos xenófobos en varios países.
Desde el Consejo General de la Abogacía ha anunciado la creación de un registro de abogados voluntarios para asesorar a las personas tramitantes de asilo.
EFE