El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) pagó hasta el IBI y las tasas de basura del «banco expropiado» para que no se desalojara a los okupas, que tras convertir Gràcia en un campo de batalla durante tres noches consecutivas han advertido hoy de que el conflicto solo cesará cuando puedan regresar al local.
Trias, a quien la Fiscalía investiga por un delito de malversación por pagar 65.000 euros de alquiler anual en 2015 del «banco expropiado» al dueño del inmueble para que no instara a su desalojo, incorporó también en el contrato, que el consistorio se haría cargo del IBI, las tasas de basura, las contribuciones y cualquier desperfecto causado por los okupas.
En el documento, firmado por el entonces primer teniente de alcalde Joaquim Forn, se establece además que ambas partes desconocían el estado del local y de sus instalaciones y, que pese a ello, el consistorio se comprometía a entregarlo al finalizar el alquiler «en buenas condiciones para su uso inmediato«, con instalaciones aptas para el suministro de agua y luz, cerramientos exteriores y carpintería interior en buen estado y un mínimo de tres sanitarios.
En el contrato se justifica el pago del alquiler por parte del Ayuntamiento «ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local -que estaba previsto ejecutar antes de acabar 2014- ocasionara disturbios y altercados que pueden poner en peligro la paz social del entorno en que se encuentran las fincas ocupadas».
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha salido hoy en defensa de Trias, al considerar que tomó decisiones para evitar males mayores y que actuó guiado por el buen sentido.
Los okupas, que hoy se han desentendido de la polémica por el hecho de que Trias les pagara el alquiler del local, han avisado que la «única solución» para acabar con el conflicto abierto en las calles de Gràcia tras su desalojo el pasado lunes es que puedan volver a entrar en el local.
«No tenemos nada que negociar porque no aspiramos a nada más que a reabrir el 'banco expropiado' en el mismo lugar donde siempre ha estado. Si quieren negociar, que lo hagan entre ellos, Generalitat, Ayuntamiento y el promotor inmobiliario. No es nuestro asunto. No queremos otro espacio, queremos este, donde está, con las vecinas», aseguran los okupas en un comunicado publicado en redes sociales.
Según el manifiesto, el 'banco expropiado' pertenece al movimiento okupa porque son ellos los que lo han construido «segundo a segundo, con todas las personas que han ido pasando y que lo han hecho vibrar con centenares de experiencias diferentes».
«El banco es nuestro y lo defenderemos hasta el final. Es muy fácil: la única solución al conflicto que han abierto es que nos dejen volver a entrar», apuntan.
En su nota, los okupas rechazan servir de «excusa» para que los partidos se «lancen dardos electoralistas» vertiendo lo que consideran «mentiras» sobre ellos, especialmente en relación al hecho de que Trias pagara el alquiler del local durante el año 2015.
«Nunca hemos negociado con nadie, independientemente de las falsedades que vierten los políticos: quien firmó un contrato para mantener la paz social -CiU-, pagó más de 65.000 euros de un fondo sin justificar a un conocido especulador, cantidad que casi cubre lo que éste pagó en su día por el espacio».
Los okupas ironizan sobre el hecho de que Trias haya justificado el pago del alquiler con la labor social que hacían en el «banco expropiado».
«No hacemos labor social y humanitaria, lo que queremos es generar redes de apoyo mutuo y crear un mundo fuera de la lógica mercantil. No queremos cubrir los huecos de miseria que crea el capitalismo, queremos acabar con ellos. Y, para lograrlo, todas las herramientas son válidas y necesarias», exponen.
Por su parte, el conseller de Interior, Jordi Jané, ha mostrado hoy su convencimiento de que se producirán nuevas detenciones por los disturbios registrados las noches del lunes, del martes y del miércoles, tras analizar las imágenes captadas por el helicóptero que ha sobrevolado el barrio de Gràcia durante los incidentes.
Hasta el momento, han sido detenidas dos personas -a los que los Mossos han dejado en libertad a la espera de que sean citados por el juez-, aunque Jané ha advertido de que se están visionando imágenes y que, gracias a las identificaciones que se puedan hacer, podría haber nuevas detenciones.
Ante las críticas vertidas desde algunos sectores sobre la actuación policial, Jané ha indicado que si «involuntariamente» algún agente ha causado lesiones a alguna persona y ésta lo denuncia, se harán todas las investigaciones internas que haga falta, más allá del procedimiento judicial que se pueda abrir.
En un pleno municipal que ha estado marcado por los incidentes de Gràcia, la alcaldesa Ada Colau ha instado hoy a todas las administraciones a trabajar conjuntamente con el tejido vecinal para «defender la convivencia», tras una semana que ha considerado «complicada»