El juez de instrucción Álvaro Martín ha procesado por prevaricación administrativa a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros tras concluir la pieza «política» de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta para pagar ayudas a empresas, en la que hay 26 investigados.
En un auto notificado este miércoles, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla considera que ambos expresidentes socialistas habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión, aunque a Griñán también le imputa malversación.
Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros andaluces: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y a los cuatro últimos les imputa prevaricación y malversación. Con el anterior Código Penal, la pena de prisión prevista por malversación es de entre 4 y 8 años.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio, así como al presidente de Unicaja, Braulio Medel.
El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía», señala el juez, que cifra en, al menos, 854,8 millones de euros los repartidos de forma discrecional o arbitraria.
«El Supremo no lo vio en su momento»
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho que el alto órgano judicial no apreció en su momento que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán cometieran un presunto delito de malversación en el caso de los ERE.
Lesmes ha explicado que cuando el Tribunal Supremo abrió una causa contra los expresidentes socialistas por ser aforados les acusó de un delito de prevaricación y no de malversación de caudales públicos «con arreglo a las pruebas que tenía».
Y que ahora el juez de Sevilla ha hecho un pronunciamiento contra ambos con nuevas pruebas que tenía a su disposición. «Se han producido no hechos nuevos, sino investigaciones nuevas y material probatorio nuevo», ha precisado el presidente del CGPJ.
efe