Los dirigentes del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto han pedido la anulación de la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó a pagar casi 400.000 euros por firmar en 2007 un alquiler gravoso en Vitoria al considerar que no ha quedado acreditada su responsabilidad contable.
El ministro de Sanidad en funciones y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, y el resto de los miembros del gobierno municipal que entre 2003 y 2007 dirigían el consistorio vitoriano han presentado hoy en el Tribunal de Cuentas el recurso contra la sentencia que el pasado mayo les condenó al pago de 393.862 euros por un contrato de alquiler para unas oficinas municipales en la calle San Antonio de la capital alavesa.
El citado tribunal estimó que los nueve acusados cometieron una «negligencia grave» y son responsables contables directos de haber ocasionado un «perjuicio» a los fondos públicos municipales por este alquiler.
El Tribunal de Cuentas recordaba que un informe técnico municipal recomendó fijar el alquiler en 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario.
También incidía en que la renta finalmente firmada por el consistorio con el propietario de los locales se estableció en 12.500 euros al mes más IVA, con una actualización anual en base al IPC más una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 20 años.
El Tribunal de Cuentas reconoció que el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno pero matizó que una cosa es que no exista un deber legal para ajustar el contenido del contrato a sus conclusiones y «otra bien distinta» es «separarse» de dichas recomendaciones para «incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento» sin una «justificación adecuada y suficiente».
Ahora los recurrentes explican en los ocho puntos de su recurso que el Tribunal de Cuentas ha tomado como referente un informe de mercado «no vinculante».
En su argumento, según ha explicado el PP alavés en una nota de prensa, se matiza que dicho informe «no es una tasación oficial, sino que es meramente orientativo del mercado, pues no marca un precio fijo al que alquilar».
Además se recalca que los ejemplos que se utilizan para calcular la media del precio de mercado incluyen locales cuyo precio por metro cuadrado era superior al que se acordó pagar por el alquiler de las oficinas de San Antonio.
También aseguran en su defensa que a lo largo de los años transcurridos el interventor y la secretaria general del Ayuntamiento de Vitoria nunca pusieron «reparo» alguno a este alquiler.
EFE