El fiscal Pedro Horrach ha asegurado hoy que Iñaki Urdangarin ha intentado tapar su responsabilidad en la trama para «drenar fondos públicos» que creó junto a Diego Torres a través del Instituto Nóos «presentándose bajo la apariencia de una figura decorativa».
Horrach, que expone su informe final en la quincuagésima séptima sesión del juicio ante la Audiencia de Palma, ha subrayado que Urdangarin y su socio gestionaron de forma directa todas las actividades del conglomerado de empresas y fundaciones constituidas en torno a la asociación sin ánimo de lucro con la que planteaban sus proyectos a las administraciones.
«Se presentan como una especie de ONG que se apoya en el señor Urdangarin» por su peso como figura pública dada su condición de esposo de la infanta Cristina, ha recalcado el fiscal Anticorrupción, quien ha hecho hincapié además en que la hermana del Rey no tuvo ninguna intervención en la actividad de Nóos.
Ha resaltado que Urdangarin señaló en sus declaraciones en la fase de instrucción que Torres era el «cerebro» de la gestión del entramado del que ambos eran titulares, pero en el juicio, «de forma incoherente y sin ofrecer una mínima explicación racional», cambió de criterio y descargó la responsabilidad en el contable y el asesor fiscal de Nóos, Marco y Miguel Tejeiro, respectivamente, «así como sobre los asesores de la Casa Real».
Horrach solicita para Urdangarin 19 años y medio de cárcel y 16 años y medio para Torres, en ambos casos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales.
El acusador público, que ha reprochado a Torres y su defensa las «maniobras de prestidigitación» con las que ha intentado dificultar la investigación y confundir sobre su papel, ha asegurado que el control de Urdangarin y su socio ha sido constatado en el juicio por otros acusados y numerosos testigos.
Ni la infanta Cristina, ni los otros dos integrantes de la directiva del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro y el secretario de las infantas Carlos García Revenga, tenían mayor función que la de completar el órgano para cumplir la formalidad legal que permitió a los socios repartirse los «excedentes» y «vaciar patrimonialmente» la asociación, que cobró 6,5 millones de instituciones públicas.
Horrach ha expuesto decenas de pruebas que, a su juicio, ponen de manifiesto la falsedad del «control total y absoluto de asesores de la Casa Real» que los acusados han pretendido demostrar en su defensa y ha incidido en que los testigos han puesto de manifiesto que «había dos jefes, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, y todos los demás eran indios en una pradera».
El fiscal ha explicado que las sociedades del conglomerado Nóos eran instrumentales ya que carecían de una estructura propia y diferenciada, así como de personal que desarrollara actividades vinculadas a cada una de ellas y en ocasiones siguieron facturando aunque carecen absolutamente de plantilla.
El análisis de las entidades vinculadas al grupo Nóos pone de relieve esta circunstancia, según Horrach, que ha negado la supuesta especialización de cada sociedad en un tipo específico de consultoría, algo que sólo defiende Torres y que queda contradicho en los conceptos de las propias facturas que emiten.
Sobre Aizoon, la empresa que comparten al 50 % la infanta y su marido, Horrach ha dicho que carece de trabajadores porque o bien son empleados ficticios o pertenecen al servicio doméstico, o sólo desarrollan actividades para Nóos. Como ejemplo ha citado que en el año 2004 facturó 332.000 euros, de los que la mayor parte, 316.000 proceden de las entidades vinculadas.
Ha destacado la facturación cruzada entre todas las entidades y el uso de facturas falsas, con la doble finalidad de obtener beneficios fiscales al aumentar el gasto de cada sociedad y al mismo tiempo «ocultar» el drenaje de los fondos públicos que se realizaba desde el Instituto Nóos hacia las entidades vinculadas.
Como ejemplo ha dicho que en 2004, el 84 % de los gastos del Instituto Nóos los pagó a empresas del grupo, en 2005 fueron un 67 %; en 2006 un 37 %; en 2007 el 74 % y en 2008 un 51 %.
El trasvase de empleados era continuo entre las mercantiles y no tenía justificación relacionada con su actividad, ya que se basaba en decisiones que adoptaban conjuntamente Torres y Urdangarin y «obedecía exclusivamente a razones fiscales y financieras», ha dicho.
Según Horrach, durante el juicio se han detectado 21 empleados ficticios, de los que sólo 3 niegan serlo, si bien lo han hecho mediante declaraciones que «revelan precisamente lo contrario porque carecen de lógica y sentido común».
EFE