La alcaldesa de Barcelona y candidata de Unidos Podemos, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «vaya masivamente a votar» el próximo domingo para «dejar clara su opinión» sobre las «malas praxis» del Partido Popular.
La alcaldesa de Barcelona ha insistido en que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, deben dimitir después de que se hayan dado a conocer conversaciones entre ellos en las que, según la alcaldesa, hay «indicios claros de abuso de poder», de «fabricación de pruebas» y de «conspirar contra adversarios políticos».
«Es tarea de todos no resignarnos a las malas praxis, no resignarnos a los abusos, no resignarnos a la corrupción y no resignarnos a la impunidad», ha declarado Ada Colau tras señalar que los ciudadanos y las instituciones deben «reaccionar de forma unívoca y unida contra estas prácticas que no nos representan» y que son «inadmisibles» en democracia, ha dicho.
Para la alcaldesa, si el Gobierno del PP no asume sus responsabilidades «por propia iniciativa» y el ministro no dimite o es destituido «inmediatamente» la ciudadanía debe «asumir el poder que tiene» y hacérselas «asumir a través de su voto».
Colau ha condenado los hechos y se ha declarado especialmente indignada por la reacción de los máximos responsables del PP, del presidente Rajoy y del ministro Jorge Fernández Díaz, ante la filtración.
«Lo mas grave es que hayan pretendido convencer a la ciudadanía de que -estos comportamientos- entran dentro de la normalidad democrática», ha señalado la alcaldesa, que ha invitado al presidente del Gobierno a dar explicaciones de lo que ha pasado y del contexto de las conversaciones y «no rehuya su responsabilidad».
Aun así, Ada Colau ha señalado que «las palabras están ahí y son tan claras» que obligan a pedir dimisiones y si hay indicios de comportamientos penales, pedir a la Fiscalía que los aclare.
La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha pedido ya hoy la dimisión del ministro del Interior y del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, a propuesta de ERC y con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP.