Más de un centenar de personas han presentado una demanda para reclamar la devolución del dinero de la República incautado por Francisco Franco tras la Guerra Civil española.
Los despachos de abogados de Baltasar Garzón y Amparo Legal han planteado demanda de responsabilidad patrimonial del Estado para la devolución del dinero a «ciudadanos españoles que con motivo de la guerra civil sufrieron un perjuicio patrimonial al ser despojados de papel moneda y otros signos fiduciarios puestos en circulación por el Gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936″.
La suma del importe de los recibos reclamados asciende a más de medio millón de pesetas, cantidad cuyo pago se solicita actualizada en euros más los intereses, informa el despacho de Baltasar Garzón.
No obstante alegan que según consta en el informe del Banco de España de 11 de marzo de 1938 el monto total del dinero republicano confiscado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió a 35.047.500 pesetas.
Explican que el valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros, por lo que el valor del dinero del que se apropió el Gobierno de la zona nacional superaría los tres mil millones de euros (3.022.496.400).
Al margen de la demanda contencioso-administrativa presentaron otras dos reclamaciones ante el Tribunal Supremo pendientes de ser acumuladas a la ahora interpuesta.
Según alegan los demandantes, esta privación patrimonial fue consecuencia de una serie de disposiciones normativas, las más significativas con rango de ley, como fueron los decretos de 12 de noviembre de 1936 y de 27 de agosto de 1938 sobre el «Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo».
Recuerdan que en la segunda disposición «se establecía que la mera tenencia de tales signos fiduciarios (papel moneda, certificados de plata, los llamados talones especiales y papel moneda del Tesoro) sería condenado como acto de contrabando con la consiguiente obligación de entrega a las autoridades del Gobierno de Burgos».
Añaden que la normativa de noviembre de 1936 entró en vigor de forma inmediata por decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos el 24 de julio de 1936 y a partir de aquel momento coexistieron dos monedas (pesetas) diferentes según la zona de España y quién gobernaba en la misma.
No obstante «por decisión de la Junta referida la peseta republicana dejó de tener curso legal a partir de aquella norma mientras que los billetes emitidos con anterioridad que fueran considerados legítimos tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes».
«La estrategia como arma de guerra pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la república y que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga, decisión que afectó de lleno a la población civil por cuanto la privaba de medios de pago legítimos según fuera territorio conquistado o no», señalan los demandantes.
Aclaran que el cúmulo de requisitos que se establecían hacía casi imposible la entrega y ponía en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares del que se llamaba «papel moneda puesto en circulación por el enemigo».