En el primer trimestre de 2016 se han registrado 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, una práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a mujeres, pero que genera controversia entre expertos debido a la contundencia e irreversibilidad de la medida.
La esterilización queda despenalizada en España en el artículo 156 del Código Penal cuando la persona «adolezca de grave deficiencia psíquica» y la práctica «haya sido autorizada por el juez».
En 2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no precisa si se resolvieron favorablemente o no.
Fueron seis procesos menos que en 2014 y nueve menos que en 2013; una tendencia a la baja que queda por ver si este año se mantiene.
Sin embargo, la esterilización es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008- que habla de que «las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás».
«La inmensa mayoría de familias se mueven por ese pensamiento establecido de que se hace para proteger», explica la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, «pero en última instancia es una intervención invasiva e inadmisible en el cuerpo de estas personas».
«Se las esteriliza porque no encajan en ese modelo de madre que dicta la tradición, que es muy estrecho y limitado», opina.
La esterilización va ligada a la concepción de que las personas con discapacidad no son activas sexualmente, y de este modo se evitan embarazos de personas que «hablando de una forma muy radical», dice esta licenciada en Derecho, «no son funcionales para la sociedad».
Son las propias familias las que inician los procedimientos, primero de incapacitación legal y luego de esterilización.
Según Caballero, son producto de la «idea de que las personas con discapacidad no pueden gobernarse y tienen que ser tutelados», pero para esta experta una incapacitación supone «la muerte civil de la persona».
Para incapacitar legalmente a una persona -o «modificar su capacidad de obrar», que es el último término legal utilizado- hace falta que la familia o los tutores demanden a la persona, lo que resulta «desagradable», según lo describe la asesora jurídica de la asociación de discapacidad intelectual Plena Inclusión, Inés de Araoz.
Se solicita «cuando la persona no puede gobernarse a sí misma», aunque Araoz defiende que debería ser «excepcional» y «primero valorar todas las opciones».
Además la persona con discapacidad debería estar informada en todo momento y ser «partícipe del procedimiento», según la asesora jurídica, quien explica que «en un número relevante de casos la persona no es consciente de lo que está pasando y no se le informa».
Es posible que el juzgado autorice una incapacitación parcial, que afecte a determinados aspectos de la vida, pero en general las incapacitaciones en España son totales.
Y lamenta Araoz que «se incapacita demasiado y con demasiada extensión. Se abusa de algo que debería ser excepcional y con criterios restrictivos».
La asesora de Plena Inclusión asegura que últimamente se están dando casos de familias que inician procesos conjuntamente con su familiar donde se le explica el por qué de la solicitud y exactamente «los apoyos puntuales» que se van a solicitar pero el juzgado finalmente falla una incapacitación total.
«No puede ser que vayas al juzgado porque una persona necesite apoyo para hacer un contrato de compra-venta y salga con una incapacitación absoluta«, denuncia Araoz.
La declaración de incapacitación total no sólo afecta a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, sino a la capacidad de decidir sobre su patrimonio o la posibilidad de votar.
«Parece que el único problema que tienen las mujeres con discapacidad es la discapacidad», asevera la secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Roser Romero.
Pero «tienen los mismos problemas que otra mujer, con el agravante de la discapacidad«, que las hace más vulnerables y en ocasiones más dependientes, explica Romero.
Ante la violencia de género, las incapacitaciones y las esterilizaciones, las expertas piden apoyo a la mujer con discapacidad, que se la mantenga informada, formada y finalmente empoderada.
EFE