La Guardia Civil ha registrado hoy la sede de tres UTE (Unión Temporal de Empresas), integradas por ocho constructoras distintas, en el marco de su operación contra una red acusada de inflar las obras del AVE hasta generar un sobrecoste de 82 millones de euros.
Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes de la Guardia Civil han acudido hoy a las oficinas de las UTE responsables de la construcción de la estructura de la estación del AVE en La Sagrera, de los accesos de la misma y de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat, en busca de documentación sobre los proyectos.
En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona a raíz de una querella de la Fiscalía, se investiga si directivos técnicos de las empresas que conforman las UTE inflaron los tres proyectos mencionados con el fin de cobrar por trabajos no ejecutados, con la complicidad de responsables de obra de Adif.
El Ministerio de Fomento adjudicó en 2010 las obras de construcción de la estructura de La Sagrera a una UTE integrada por las empresas Dragados, Acciona, Comsa y Acsa, por 366 millones de euros, y los accesos de la misma a otra UTE conformada por Rubau, Copcisa, FCC Construcción y Ferrovial Agroman, con un coste de 222 millones de euros.
A otra UTE, integrada por las empresas Acciona y Copcisa, el Ministerio de Fomento le adjudicó en 2008 la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector de Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat, por un presupuesto de 177 millones de euros.
Precisamente, otro sector de este último proyecto se adjudicó por 67,9 millones de euros a la empresa Corsan Corviam, que está siendo investigada a raíz de una operación policial paralela de 2014, también por inflar la facturación de la obra supuestamente con la complicidad de los mismos dos excargos de Adif que hoy han vuelto a ser detenidos acusados de irregularidades similares.
Además de las oficinas de las UTE, la Guardia Civil está registrando hoy domicilios particulares de los detenidos así como los despachos profesionales de varios los entes públicos y privados que participan en las obras.