El Parlament ha destituido este miércoles a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Cataluña por un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones«, con los 121 votos a favor de todos los grupos, a excepción de los 11 diputados del PPC, que han votado en contra.
Después de la comparecencia de De Alfonso en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, el 23 de junio, los diputados de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos (C's), el PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP han aprobado la revocación del director de la Oficina Antifraude, tras la divulgación de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que tratan presuntos casos de corrupción para desprestigiar al independentismo.
De Alfonso, que consultado ha declinado valorar su destitución, fue nombrado por el Parlament en 2011 a propuesta del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el aval de CiU, el PSC, el PPC y Ciudadanos y la abstención de ICV-EUiA y ERC.
Según el escrito aprobado por la cámara catalana, el contenido de las conversaciones supone «un notorio y grave incumplimiento de los deberes y las obligaciones inherentes al cargo», en especial los deberes de «independencia y objetividad» y los de «reserva y confidencialidad».
El Parlament ha acordado remitir a la Fiscalía, «los efectos que legalmente correspondan, el acta y la transcripción de la sesión de la Comisión» en la que compareció De Alfonso.
En el transcurso del debate, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha cargado duramente contra Fernández Díaz: «El ministro insta a un organismo a investigar a los rivales políticos, le graban en el interior de su despacho y se hace público. Vaya chapuza de ministro del Interior, da vergüenza».
Tras hacer un «acto de contrición» por el hecho de que De Alfonso fuera designado en 2011 también con los votos de los socialistas, el diputado del PSC Ferran Pedret ha recordado que el PSC ha interpuesto una querella contra De Alfonso por haber sugerido que los socialistas son los responsables de la grabación, y lo ha retado a «levantar todas las alfombras» que esconden casos de corrupción, tras «la ignominia y el oprobio de su actuación».
El presidente de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha acusado a Fernández Díaz de ser un «provocador» y de tener un «comportamiento predemocrático propio de la cultura franquista», antes de anunciar que su grupo ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, por lo que considera un «escándalo político de dimensiones mayúsculas».
El único que ha evitado cargar contra De Alfonso ha sido el diputado del PPC Santi Rodríguez, quien ha apuntado que lo que es «un escándalo político de dimensiones mayúsculas» es el hecho de que se produjera una «grabación ilegal de una conversación en el despacho de un ministro del Interior«, que ve como «el único hecho delictivo».
Tras lanzar la sospecha de que detrás de la destitución del director de la Oficina Antifraude hay un interés del Govern en situar en el cargo a «alguno de los suyos», para que «no moleste demasiado», ha propuesto modificar el sistema de elección, para que la «mayoría absoluta de diputados independentistas» no sea suficiente para escoger en segunda votación al nuevo director.
El diputado de la CUP Benet Salellas ha reclamado por su parte que, además de su cese, De Alfonso sea «perseguido y depurado» para que no pueda volver a ejercer como juez: «Ver a las cloacas del Estado caminando y juzgando sería un auténtico fraude», ha dicho.
La portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha acusado a De Alfonso de una «actuación éticamente indignante», si bien ha indicado que «el problema es tener a un ministro y a un presidente del Gobierno» que utilizan la Oficina Antifraude para cometer un «fraude político».
Rovira, además, ha irritado a Ciudadanos y PSC al acusarlos de «cómplices» del PP al evitar la comparecencia de Fernández Díaz en el Congreso, pese a que la intención de ambos grupos es pedirla una vez arranque la nueva legislatura.
EFE