La Generalitat convocará semanalmente a Vueling a una comisión de seguimiento para supervisar cómo presta sus servicios y no descarta imponerle sanciones, aunque por el momento centrará sus esfuerzos en velar para que el caos finalice y en recabar el máximo de información sobre lo sucedido.
En una reunión de urgencia en la sede del departamento de Territorio y Sostenibilidad, el consejero de Empresa y Competitividad, Jordi Baiget, y su homólogo de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, han pedido explicaciones a la dirección de Vueling por los retrasos y las cancelaciones de los últimos días.
En rueda de prensa posterior, los consejeros han comentado que Vueling no había sabido precisar cuándo se podrá normalizará el servicio, y han exigido a la aerolínea que garantice los vuelos que venda y que, si no es capaz de ello, que los anule con mucha antelación.
Según los consejeros, Vueling había admitido que desde el jueves ha anulado 56 vuelos en El Prat, con 8.000 personas afectadas.
Tanto Rull como Baiget han recordado que la Generalitat no tiene competencias sobre el transporte aéreo, sino simplemente sobre la defensa de los consumidores, y ha reprochado al Ministerio de Fomento que no haya actuado hasta ahora en esta crisis a pesar de tener «los suficientes elementos para poder tomar decisiones de carácter preventivo».
En nombre de Vueling, han acudido al encuentro el director comercial de la compañía, David García Blancas; el director de estrategia, Fernando Estrada; y Silvia Estivill, directora de relaciones institucionales.
Durante la reunión, tras la que no ha comparecido ningún representante de Vueling, esta aerolínea ha recordado a la Generalitat que ha ampliado su plantilla y su número de aviones para hacer frente a la crisis, y también le ha dicho que aumentará sus tiempos de escala de 35 hasta 45 minutos para tener «más margen de reacción» ante imprevistos.
Baiget ha recordado que la Agencia Catalana de Consumo ya envió un requerimiento de información a Vueling el 28 de junio, «con las primeras cancelaciones», y un segundo el pasado 1 de julio, así como un tercero a Aena.
De esta forma, la Generalitat trata de recabar el máximo de información antes de decidir si imponer una sanción a la aerolínea.
Para ello, ha reclamado a Aena que detalle el índice de puntualidad y el número de incidencias registradas por Vueling, por otras dos compañías de bajo coste y por otras dos que no lo son, para poder hacer una comparativa.
En todo caso, la Generalitat solo puede sancionar al amparo de la ley de 2010 del código de consumo, que le permite castigar la mala praxis en la atención a los consumidores.
Aunque la Generalitat no descarta una sanción a Vueling, Baiget ha comentado que, hoy por hoy, lo importante no es tramitar estos «expedientes sancionadores», sino garantizar a los ciudadanos que tienen un billete de Vueling que podrán volar.
Rull ha advertido a Vueling de que la Generalitat será «implacable» en la defensa de los derechos de los usuarios, y ha mostrado su preocupación por que se puedan repetir incidencias en el servicio de Vueling durante la temporada estival.
El consejero ha aprovechado esta crisis para decir que el aeropuerto de El Prat no puede estar «abocado a ser operado por compañías de bajo coste» o bien a ser un «alimentador» del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.
También ha reclamado al grupo propietario de Vueling, IAG, que compense las carencias de la compañía catalana, y a Vueling que haga las inversiones necesarias para que el caos de estos días no se repita.
Efe