El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha alertado hoy del lento avance del proceso de pacificación y del «envejecimiento rápido» de la reivindicación de la paz, por lo que ha instado a ETA a que en un año se desarme completamente y de modo verificable.
Ha pedido también al Gobierno que cambie la política penitenciaria, que se la transfiera a Euskadi y que asuma el acercamiento de los presos, pues se trata de un epígrafe más de la llamada «agenda vasca», con la que el PNV quiere ir a Madrid a dialogar sobre posibles apoyos a un nuevo gobierno.
Las situaciones presente y futura de Euskadi, así como el presente y el futuro inmediato de la política española, pendiente de si el candidato del PP, Mariano Rajoy, consigue respaldo suficiente para revalidar Presidencia, han copado la intervención y declaraciones de Urkullu hoy en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
A su juicio, pasadas las elecciones de diciembre y tras seis meses de bloqueo, cabía pensar que después del 26J el desatasco se agilizaría, pero ha visto que no ha cambiado nada y que los partidos siguen «en sus vetos y líneas rojas».
Se ha limitado a pedir que las próximas elecciones vascas de otoño, aún sin domingo electoral determinado, al menos se desarrollen en un contexto político y social en Madrid «más estable que el de ahora».
Antes Urkullu había hecho otra petición de alcance: el desarme definitivo de ETA en un año bajo un proceso de verificación, el cual no necesariamente tiene que asumir el Gobierno vasco, sino la administración o el agente internacional que sea menester, con tal de completar la desaparición de ETA de la realidad vasca.
Tal y como ha recordado, la banda terrorista anunció de modo unilateral el fin de sus acciones violentas y, a pesar de esa unilateralidad y de que el anuncio se oficializaba tardíamente, Urkullu ha considerado que se trataba de una resolución «imprescindible».
Desde entonces, ha dicho, ni ETA ni el Gobierno español «han dado los pasos que cabía esperar», lo que no obstante no ha ralentizado la actuación del Ejecutivo vasco durante los últimos cuatro años; de ahí, la apuesta y el despliegue del Plan de Paz y Convivencia.
Como «el proceso de pacificación llegó tarde y avanza más despacio de lo que la sociedad querría», una de las consecuencias más notorias es «el retraso de la reivindicación de la paz, asociada al fin de la violencia». Dicho de otro modo: esta reivindicación ha experimentado en la sociedad vasca «un envejecimiento rápido».
Para Urkullu, de hecho, es parte ya «de una agenda antigua», fuera del foco de las preocupaciones ciudadanas.
A pesar de ello, el lehendakari ha manifestado la apertura y ensanchamiento de una «agenda de la convivencia», que agrupa una serie de propuestas a corto, medio y largo plazo.
Entre las primeras, el desarme de ETA, una nueva política penitenciaria y una reflexión crítica sobre el pasado; entre las segundas, la consolidación de un modelo de convivencia basado en las víctimas, la clarificación de lo ocurrido entre 1960 y 2010, la memoria y la reinserción.
Y entre las terceras, estaría la instauración de la diversidad y la pluralidad como pilares de una sociedad del futuro. Pues en la sociedad vasca confluyen varias sensibilidades, si bien es mayoritaria la que se apega a las aspiraciones nacionales, ha manifestado.
Urkullu, por ello, ha abogado por construir un modelo de convivencia asentado en los principios ético y de consenso, de modo que -ha puesto como ejemplos- las políticas sociales protejan especialmente a los que menos recursos tienen y que la apuesta por el autogobierno encuentre en el consenso su motor y objetivo.
Justo en este contexto ha hecho un paréntesis el lehendakari para asegurar que se siente más identificado con el modelo de consulta escocés que con otras ambiciones similares, aunque no ha citado dónde se dan éstas.
Su mayor cercanía con el referéndum escocés tiene que ver con que se hizo de manera «sólida», avanzando «despacio», no «con precariedad en el futuro».
El lehendakari afronta unas elecciones vascas que pueden suponer la repetición de su actual mandato, de ahí que haya hablado de una visión de largo recorrido para la sociedad vasca. Será clave en el cumplimiento de su hoja de ruta el papel del Gobierno de España.
Por ello, ha planteado la conveniencia de estabilidad en Madrid para que el Estado español sea más fuerte a la hora de enfrentarse a crisis que perduran, como la económica, la institucional o la del modelo territorial.
Ha dejado claro que no espera una llamada de Rajoy para buscar apoyos, básicamente porque esa gestión recae en el presidente de su partido, Andoni Ortúzar, pero ha advertido de que, si el PP quiere hablar con el PNV, debe poner sobre la mesa «la agenda vasca».
El diálogo, sin embargo, no tiene por qué conducir a acuerdos. «De hablar a acordar hay un largo trecho», ha avisado.