La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a seis procesamientos acordados en el caso Gürtel en relación a la investigación sobre la contratación fraudulenta de las pantallas y la megafonía a empresas de la trama con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
En sendos autos, la sección cuarta de lo Penal desestima los recursos de seis procesados contra el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decretó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para 23 personas.
Entre los 23 procesados destacan el expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino; el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno o integrantes de Gürtel como su presunto cabecilla Francisco Correa.
Sin embargo, las resoluciones hechas públicas hoy se refieren a los recursos presentados por el presunto blanqueador de Gürtel Ramón Blanco Balín y los empleados de RTVV Vicente Sanz Monlleó, Juan Prefaci Cruz, Antonio José de la Viuda, Luis Sabater y Ricardo Calatayud.
Respecto de ellos los magistrados entienden que existen «contundentes indicios de criminalidad» en su actuación para dictar su procesamientos, ya que hay indicios de que posibilitaron la contratación irregular que presuntamente produjo sustanciales beneficios a los principales investigados en detrimento del patrimonio público.
Según la Sala, los investigados ofrecieron cobertura económica a las actuaciones «anómalas, defraudatorias y falsarias» que se extendieron en el ámbito de la actividad pública-empresarial de gestión de los eventos organizados con motivo de la visita del Papa a Valencia entre los días 7 y 9 de julio de 2006.
En otro auto, la Sala desestima también el recurso de la acusación ejercida por María del Carmen Ninet y Cristina Moreno Fernández en el que solicitaban que se incluyera como responsable penal a César Tomás Martín Morales por su colaboración en la redacción del pliego de condiciones para la adjudicación del contrato de suministros de equipos de vídeo y sonoros, así como por su asesoramiento al llamado «Grupo Correa».
La Fiscalía acusa a Cotino (para el que pide 11 años de cárcel), «El Bigotes», Pablo Crespo, Correa y Gimeno (que se enfrenta a 40 años de prisión) de haber acordado «de común acuerdo» atribuir a RTVV el coste del contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido para «apoderarse directamente de los fondos públicos» de la televisión valenciana a los que su entonces director «tenía más fácil acceso».
De este modo, afirma el fiscal, Gimeno logró «sustraer fondos públicos» de la RTVV por un total de 3,3 millones de euros, que se repartió con Correa, Crespo, «El Bigotes» y Blanco Balín -todos ellos presuntos integrantes del llamado grupo Correa-.