Euskadi cuenta a partir de hoy con una ley de muerte digna en la que no se menciona ni la eutanasia ni el suicidio asistido, pero se garantiza que las personas que se encuentren en el «proceso final de su vida» tienen derecho a rechazar los tratamientos, a pesar de que «se pueda poner en riesgo su vida».
El Parlamento Vasco ha aprobado este viernes esta norma denominada Ley de Garantía de los Derechos y de la Dignidad de las Personas en el Proceso Final de su Vida.
La ley ha salido adelante por unanimidad, tras haberse rechazado las enmiendas en las que el PSE-EE pedía que se incorporase al texto una disposición transitoria que fijara que «la ayuda médica para morir se garantizará» cuando se despenalice la eutanasia y el suicidio asistido a través de la reforma del Código Penal.
Con esta normativa el País Vasco sigue los pasos de comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Canarias, Galicia o Andalucía, ésta última pionera en contar con una regulación similar a la que entrará en vigor en Euskadi.
La ley vasca establece que todas las personas que estén en el «proceso final de su vida», así como quienes puedan ser responsables de ellas en caso de incapacidad, tienen derecho a que «se respeten las decisiones que tomen respecto a las intervenciones que afecten a dicho proceso».
Estas decisiones, que pueden implicar la «puesta en peligro de la vida» al rechazar tratamientos, pueden hacerse de manera directa en esos momentos o a través de una declaración de voluntades anticipadas o de otro tipo de instrucciones previas.
Asimismo, el texto recoge que la negativa a estas intervenciones no supondrá que se deje de recibir atención sanitaria, en especial cuidados paliativos dirigidos a aliviar el dolor, el sufrimiento y otros síntomas «para hacer más digno y soportable el proceso final de la vida».
Estos cuidados paliativos se podrán prestar, tanto en el centro sanitario como en su domicilio. Para ello, la ley señala que si fuera preciso se deben establecer los «mecanismos necesarios para garantizar la continuidad asistencial» en el lugar elegido por el paciente.
La normativa también ampara el derecho de los enfermos a la intimidad, privacidad y confidencialidad y a no compartir habitación en el hospital en el proceso final de sus vidas. Asimismo garantiza que puedan estar acompañados por familiares el mayor tiempo posible.
Estas habitaciones deberán contar con un «mobiliario adecuado» para el descanso del acompañante, al que también se le garantizará «la limpieza y las dietas si fuera necesario».
Todos los partidos han coincidido en que la norma supone un paso importante, salvo el PSE-EE y UPyD que, aunque han reconocido avances, han lamentado que se ha perdido una oportunidad para hacer una ley más ambiciosa.
Desde EH Bildu, grupo proponente de este ley, Rebeka Ubera ha destacado que es un «paso significativo» que «blinda» la voluntad de estos enfermos, al tiempo que ha reconocido que «en el camino hacia el Everest (a la despenalización de la eutanasia) se ha llegado al campo base».
Kerman Orbegozo (PNV) ha dicho que es «una buena ley, un paso lento, pero firme y no el último», que va a servir para «mejorar la calidad de atención a las personas en el proceso final de su vida».
La socialista Miren Gallastegui ha lamentado que la ley no deje de ser una «notable mejora asistencial» y de seguridad jurídica para el personal sanitario.
Carmelo Barrio (PP) ha hecho hincapié en que la normativa aprobada no entra en contradicción con ninguna ley básica, mientras que Gorka Maneiro (UPyD) ha señalado que la ley «es un avance, pero no un gran avance».
EFE