El Consejo de Ministros aprobará este viernes el nuevo escenario económico tras la decisión de la Comisión Europea de dar dos años a España para reducir a menos del 3 por ciento su déficit público, y autorizará a la Abogacía del Estado a actuar contra la decisión adoptada el miércoles por el Parlamento catalán.
El de este jueves será el primer Consejo de Ministros después de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, aceptara el encargo del Rey de intentar su investidura aunque sin aclarar si acudirá finalmente a una votación para ello si no consigue reunir los apoyos suficientes.
La situación política hará que ni Rajoy ni el resto de miembros de su Gabinete tomen vacaciones este año y prevean celebrar reuniones del Consejo de Ministros casi todos los viernes de agosto.
En la de este viernes, el Gobierno en funciones aprobará un nuevo escenario económico que incluirá un crecimiento del PIB del 2,9 por ciento para 2016, así como la nueva senda de consolidación fiscal marcada por Bruselas y que permitirá reducir el déficit público por debajo del 3 % en 2018.
Los datos económicos que apruebe el Ejecutivo pueden incluir cambios en las tasas de paro estimadas para este año y los siguientes, después de que la Encuesta de Población Activa (EPA) haya situado en el 20 por ciento el nivel de desempleo en el segundo trimestre del año.
El cuadro macroeconómico actual prevé una tasa del 19,9 % en 2016, del 17,9 % en 2017 y del 15,8 % en 2018.
En cuanto a la evolución del PIB, las primeras previsiones apuntaban a un crecimiento del 2,7 % para este año y del 2,4 % y 2,5 % para los dos próximos ejercicios.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ve factible que en 2016 pueda avanzar incluso hasta el 2,9 % y califica esta cifra de «prudente», aunque advierte de que el ritmo podría ralentizarse en 2017 debido a la desaceleración de la economía internacional y el menor crecimiento de la Eurozona.
Asimismo, el Gobierno cree que se puede cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal recomendada por Bruselas.
La Comisión Europea ha dado un año más a España para rebajar el déficit del 3 %, y frente al 3,7 % de endeudamiento recomendado recientemente para este año, ha decidido fijar un objetivo del 4,6 %.
Para el próximo año, la meta de déficit es del 3,1 % del PIB en vez del 2,5 % inicial y para 2018 se mantiene en el 2,2 % previsto.
En la reunión de este viernes el Gobierno aprobará igualmente un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la decisión adoptada el miércoles por el Parlament.
La Cámara catalana, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, aprobó las conclusiones del denominado «proceso constituyente» que abren una vía unilateral a la independencia.
El Gobierno entiende que la propuesta de resolución aprobada en el Parlament vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de desconexión.
Y vulnera también, según el Ejecutivo, el auto de 19 de julio pasado en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC.
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en la pasada legislatura prevé que se pongan en marcha incidentes de ejecución con medidas cautelares de tipo coercitivo, incluidas multas y suspensión de cargos públicos, y también promover la actuación penal por parte de la fiscalía, cuando sean necesarios para obligar al cumplimiento de las sentencias del TC.
El Gobierno informará hoy de los detalles de su decisión después de que dé cuenta también de los mismos a los líderes del PSOE, Podemos y Ciudadanos.
EFE