Cualquier trabajador español puede dejar el trabajo cuando quiera. Ahora bien, que no espere que ni la empresa para la que trabaja, ni la seguridad social le asista durante esos meses que tarde en encontrar una nueva ocupación. El Estado sólo protege al trabajador cuando la decisión de abandonar un trabajo no ha sido personal. A todos los trabajadores, menos a los políticos a cargo del Estado. Estos tienen derecho a cobrar una abultada prestación independientemente de si han dimitido o les han cesado, y del motivo que haya precipitado esta decisión.
En estos casos la ley siempre es clara. Cuando se trata de mantener un privilegio a la ‘clase política’ no cabe lugar para la interpretación. Y eso es a lo que se ha acogido el ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria: desde mayo de este año cobra los 4.644 euros brutos mensuales que le corresponden por su anterior cargo público. Así lo ha adelantado www.sueldospublicos.com basándose en la información publicada en el Portal de Transparencia. Tiene un límite de 24 meses. Eso sí, dejaría de cobrarla en el mismo momento en que se incorpore a otra actividad retribuida pública o privada.
El pasado 15 de abril uno de los hombres más cercanos al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, renunciaba a todos sus cargos políticos (ministro, diputado y presidente del Partido Popular de Canarias) ante sus clamorosas contradicciones sobre su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales. Su nombre salió a relucir durante el escándalo de los ‘papeles de Panamá’ y finalmente tuvo que dimitir tras descubrirse su relación con una sociedad offshore familiar en el paraíso fiscal de Jersey.
Aparentemente el ministro Soria se quedaba de buenas a primeras en el paro y con el lastre que supone haber ocupado una cartera ministerial para encontrar un nuevo trabajo rápidamente debido a los dos años que tienen de incompatibilidad en los sectores que ha regulado. Pero eso no es así. A estos ‘servidores públicos’ el Estado les asiste bien. Y da igual que no le echaran, sino que finalmente decidiera irse él (forzado o no). Así como tampoco importan los motivos.
Es más, Soria ha podido elegir la prestación que más le ha interesado. Tenía posibilidad de acogerse a dos. Una, por su condición de exministro: 4.644 euros brutos mensuales durante dos años, es decir, 111.000 euros en total. Y otra por su condición de diputado: de 2.813, 87 euros por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses. Dado que ha sido parlamentario desde noviembre de 2011, tiene derecho a cuatro mensualidades, es decir, 11.252 euros.
En vista de las cifras, parece obvia la elección. La asignación como exministro, si la consume completamente, le puede llegar a reportar casi 100.000 euros más que la del Congreso de los Diputados. Y le protege durante 20 meses más.
Elsa S. Vejo