La Guardia Civil ha cerrado en lo que va de año 128 talleres de reparación de vehículos ilegales durante la operación Taller II, una campaña de control en la que inspeccionó más de 2.800 de estos establecimientos y que dejó 5.473 denuncias por infracciones administrativas.
Según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, la campaña en colaboración con Asociación nacional de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) y la Asociación nacional de vendedores de vehículos a motor (Ganvam) se enmarca dentro del plan de intensificación de inspecciones a talleres mecánicos suscrito con las entidades.
En la operación, los agentes llevaron a cabo 2.804 inspecciones e interpusieron 5.473 denuncias de carácter administrativo que han sido tramitadas por los órganos competentes de las diferentes comunidades. La mayoría de las denuncias interpuestas trataban sobre vertidos de residuos que incumplían la normativa medioambiental, la carencia de licencia municipal y autorización autonómica por parte de los talleres.
Operación Taller I
Durante la explotación en 2014 de la operación precedente, Taller I, se llevaron a cabo 5.794 inspecciones con la interposición de 9.549 denuncias de carácter administrativo. De ese total, el 61,7 % lo fueron por incumplimiento de la normativa medioambiental; y el 27,9 % por carencia de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria.
El 10,4 % restante correspondían a infracciones a otro tipo de regulación entre las que destacaban las relativas a la Seguridad Social o a la normativa Tributaria. Tras esta operación se clausuraron un total de 238 talleres en donde se ejercía la actividad de forma ilegal.
La Guardia Civil recuerda que los establecimientos de reparación irregulares suponen un grave perjuicio para toda la sociedad porque ponen en riesgo tanto la seguridad vial -al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía- como la seguridad medioambiental.
También destaca que estos centros constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.