El grupo socialista del Congreso ha registrado una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a derogar el real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, aprobado el 29 de julio por el Consejo de Ministros.
Además, la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, la diputada Meritxell Batet, ha demandado, en rueda de prensa, que el Gobierno en funciones impulse un pacto educativo de Estado en el Parlamento.
«El Gobierno, aun estando en funciones y desoyendo a la comunidad educativa, ha seguido adelante con su proyecto de reválidas para 4º de ESO y 2º de Bachillerato», según la proposición socialista, que reclama también «mantener» la actual prueba de Selectividad para seguir garantizado «la igualdad y la seguridad jurídica» en el acceso a la Universidad.
«La aplicación de la Lomce en los centros exige ciertas reparaciones de urgencia antes de que el daño a nuestro sistema educativo sea irreparable y que los perjuicios causados al futuro de muchos jóvenes sean insalvables», añaden los socialistas en relación con la última reforma educativa.
Y demandan la convocatoria «inmediata» de una Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas para acordar la aplicación de una serie de medidas con vistas al curso próximo, cuando culmina la implantación de la Lomce.
Así, el grupo socialista pide «recuperar» la diversificación curricular en el cuarto curso de la ESO y evitar la «doble titulación» al acabar esa etapa (por enseñanzas académicas o profesionales).
«Eliminar» el modelo de nombramiento de los directores de centro instaurado por la Lomce y «restituir» las competencias de los consejos escolares son otras de las peticiones.
También reclaman «suspender con carácter inmediato» que la asignatura de religión confesional sea evaluable y que, en cualquier caso, la calificación pueda tener cualquier tipo de repercusión académica.
El PSOE quiere que se garantice que no se produzcan «nuevos» recortes en la educación pública y que se recuperen los recursos materiales y humanos dedicados a la misma.
En este sentido, hablan de «restituir» las ratios de alumnos por docente, los horarios y las condiciones laborales del profesorado vigentes antes del decreto ley de 2012 de racionalización del gasto público en educación.