La exedil del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y su exmarido Vicente Burgos se habrían «enriquecido personalmente» al cobrar comisiones ilegales o «mordidas» de distintas empresas a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos.
También lo habrían hecho el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa Marcos Benvent, entonces trabajador de la Fundación Jaume II el Just (dirigida por Burgos) y el exasesor de Alcón Pedro Aracil.
Así lo considera el juez que investiga el conocido como caso Imelsa, en el auto que da lugar a la apertura de una pieza separada relativa al presunto cobro ilegal de comisiones por obras promovidas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento en la etapa de Alcón, siendo Rita Barberá alcaldesa de la ciudad.
En este documento, incluido en el sumario de esta pieza y cuyo secreto se levantó el pasado viernes, el juez asegura que lo actuado hasta el momento y el contenido de las conversaciones grabadas a lo largo de 2005 y 2006 por Benavent revelan indicios de ese enriquecimiento por el cobro de comisiones ilegales.
En concreto, las investigaciones se centran en los concursos para la contratación de la limpieza y mantenimiento de las fachadas de la Lonja; la limpieza y consolidación de las Torres de Quart; la conservación y restauración de los puentes de Serranos y la Trinidad; la construcción y explotación del centro cultural la Rambleta, y otros relacionados con la Mostra de Cine de Valencia.
El juez afirma que en las obras de la Lonja, adjudicadas en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración SL, hay indicios de que Marcos Benavent «recibió 9.000 euros como comisión o mordida por esta adjudicación que posteriormente entregó a Alcón».
Benvent habría recibido otros 20.000 euros de una de las adjudicatarias de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, que repartió con Alcón y con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y también habría cobrado por la adjudicación de las obras de los puentes.
En el caso de la Rambleta, el auto señala que de las investigaciones se desprenden indicios de que Alcón y Benavent «intentaron obtener del concesionario una comisión ilegal, manteniendo conversaciones acerca de la modalidad de pago mediante canon anual por explotación, lo que podría implicar el cobro periódico de comisiones ilegales».
De las investigaciones y grabaciones realizadas también se desprenden actuaciones por parte de Alcón y Benavent para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de diferentes contratos vinculados con la vigésimo séptima edición de la Mostra de Cine de Valencia.
Alcón, esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau -procesado en el caso Nóos- fue detenida y puesta posteriormente en libertad durante la operación Taula del caso Imelsa del pasado mes de enero y se encuentra investigada (antes imputada) también en la pieza por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia.
En unas conversaciones grabadas que constan en el sumario precisamente de esa pieza, Alcón asegura que en el PP local «había mucho dinero negro» y «corrupción política total».
EFE