La Fiscalía ha pedido a la juez que investiga los casos de bebes robados en la clínica San Ramón de Madrid que tramite con carácter urgente el recurso de apelación del doctor Eduardo Vela a la Audiencia Provincial para resolverlo cuanto antes y evitar, sino prospera, un caso similar al de Sor María.
Fuentes jurídicas han informado de que la fiscal Elena Agüero ha dirigido un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción 46 de Madrid para que eleve a la Audiencia el recurso de Vela contra el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado -paso previo a la apertura de juicio oral-, en el que la juez propone juzgarle por firmar un certificado de nacimiento de una niña cuya supuesta madre biológica era estéril.
La fiscal, añaden las fuentes, tiene interés en que la causa avance rápido para que, en caso de que el recurso no prospere, se puede celebrar la vista oral de manera inmediata.
Recuerda la fiscal que los dos imputados en el procedimiento son personas mayores: el doctor Vela tiene 84 años e Inés Pérez -que reconoció ante el juez no ser la madre biológica de la denunciante Inés Madrigal- tiene 93 años.
Con este informe, la fiscal pretende evitar que se produzca un nuevo caso similar al de la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, que fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias por un caso de «niños robados» por presuntamente haberle arrebatado a una mujer la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina.
Pero cuando la instrucción avanzaba e iban apareciendo nuevos casos relacionados con la religiosa, sor María falleció y el caso se archivó.
El doctor Vela pide en su recurso el archivo de la causa al afirmar que los delitos han prescrito. Y para ello alega que Inés Madrigal, que fue la mujer que denunció los hechos, ya sabia con 18 años que Inés Pérez no era su madre biológica.
No obstante, la magistrada sí ve «motivos suficientes» para juzgar al doctor Vela y a Inés Pérez por el caso de Inés Madrigal, presidenta de SOS Bebés Robados de la Región de Murcia, que denunció los hechos. Será, sino lo tumba la Audiencia de Madrid, el primer juicio por un caso de bebés robados en España.
La juez sostiene que conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos los delitos serían sustracción de menores, suposición de parto y un tercero de falsedad en documento público.