La juez que investiga la causa de la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas en sede de Génova del Partido Popular no ha admitido a trámite el incidente de recusación presentado por el PP y el jefe informático del partido contra ella en el que argumentaba su «evidente relación y cercanía» con el PSOE.
En el auto, fechado el 20 de septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Maria Freire, rechaza la recusación planteada por el PP en el que pone en entredicho la imparcialidad de la instructora por la «vinculación» que, en su opinión, mantiene con el PSOE.
La juez da un plazo de tres días al PP y al director de sistema de información del PP, José Manuel Moreno, que se adhirió a la petición del partido- para que presenten, si así lo entienden, un recurso de reforma contra esta resolución.
En su escrito, la magistrada dice que «fue sin duda» el auto de procesamiento al PP del pasado 26 de julio «lo que determinó a plantear la recusación en base a informaciones de las que ya disponía y que no hubiera hecho valer de ser otro el sentido de la resolución».
Tanto es así que recuerda que desde la reapertura del caso «se practicaron numerosas diligencias en la que las defensas del PP y demás investigados en ningún momento pusieron de manifiesto que estuviesen recibiendo un trato inadecuado, sesgado o parcial».
«De todo eso parece derivar que el PP esperó a conocer el resultado de la resolución judicial que resolviese su solicitud de sobreseimiento para hacer valer caso de que no fuera favorable (…) otras estrategias derivas de la información publica y accesible sobre la instructora de la que ya disponía y que se materializaron el incidente de recusación», afirma la juez.
Por ello, la magistrada considera que el porqué de la recusación hay que buscarlo en el auto del pasado 26 de julio en el que procesó al PP por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros.
En su incidente de recusación, el PP cuestionó la imparcialidad de la juez por la «evidente» vinculación que mantiene con el PSOE.
«Que la instructora haya sido propuesta para ocupar una determinada vacante en la Audiencia Nacional por un exparlamentario del PSOE y que, además, el PSOE la escogiera como portavoz en el debate parlamentario originado en torno a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituyen dos datos que, en conjunción, ponen de manifiesto una relación más que evidente con el principal adversario político del PP», dice el escrito de recusación.
Sobre el primero de los asuntos, la magistrada dice que la comisión de servicios de tres meses que ocupó en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional es «una modesta aspiración para un juez» que ella solicitó por su trayectoria profesional, no a propuesta de ningún partido político.
Y respecto a su presencia en el Congreso, la juez explica que acudió a emitir junto a otros dos magistrados de la Audiencia de Barcelona un dictamen técnico jurídico sobre una ley procesal como hacen los expertos que concurren a la Cámara Baja.
Es más, destaca que «todos los datos e informaciones» que incluye el incidente de recusación «eran públicos y estaban a su alcance desde el momento en que se realizaron las actividades».
«Frente a la publicidad y transparencia de mi actividad profesional, no puede apoyarse el partido acusante en que no tuvo conocimiento, como pretende, hasta las tertulias de determinados medios de comunicación en el mes de agosto», agrega.
En el mismo auto, la magistrada tampoco admite a trámite el incidente de recusación que presentó el director de sistema de información del PP, José Manuel Moreno, porque «no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley, al no contener datos, ni motivos, ni principios de prueba, limitándose a adherirse al incidente del PP».
EFE