El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha citado como investigadas a cinco personas de la vertiente murciana de esta causa, entre ellas David Conesa, el que fue jefe de gabinete del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando éste era consejero de Educación de la región.
En una providencia, el magistrado cita el 4 de octubre a Conesa, así como a Eduardo Contreras, exalcalde de Molina de Segura; a Marta García Rivas, que trabajó con Contreras; a Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, y a María del Mar Conesa, funcionaria de este Ayuntamiento.
El juez les imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude y revelación de información y cita ese mismo día a las empresas EICO y Madiva, del «conseguidor» de la trama Púnica Alejandro de Pedro y dedicadas a trabajos de reputación «online».
En el caso de David Conesa, Velasco cree que pudo cometer un delito de fraude por haberse concertado con De Pedro para amañar la adjudicación de contratos del área de formación de la Consejería de Educación y otro de malversación por permitir que se usara dinero público para pagar trabajos de reputación en internet de Sánchez cuando era consejero.
Velasco afirma que trabajos de mejora de la imagen personal de Sánchez en internet realizados por las empresas de De Pedro se abonaron con dinero proveniente de contratos vinculados a formación que se adjudicaron a esas empresas.
Además, le imputa un delito de revelación de información reservada porque filtró «a personas no funcionarias información y documentación interna propia y precontractual que no podía revelar».
En cuanto a Ferreño, indica que pudo cometer los mismos delitos cuando era jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena por haberse concertado con empresas de De Pedro para amañar contratos de publicidad turística que se usaron para otros fines.
En concreto, según el juez, se pagaron con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena «trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista», y para ello contó con la ayuda de la funcionaria del consistorio imputada.
En cuanto a lo investigado en Molina de Segura, explica que su exalcalde, a quien también imputa un delito de cohecho, cooperó para que se usara dinero público para que las empresas de De Pedro hicieran trabajos de reputación digital «de carácter personal, alegados del interés común».
De esta manera, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia adjudicó a De Pedro contratos «redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado», dice el juez, cuyo dinero se empleó en realidad en mejorar la imagen personal de Contreras en internet, con la colaboración de la que era su jefa de gabinete, García Rivas.