Todo es lo que parecía en el saqueo de Caja Madrid. La última información conocida en torno al caso de las ‘tarjetas black’ evidencia cómo los exconsejeros y exdirectivos sentados en el banquillo convirtieron una entidad financiera semipública en un cortijo propio y se dedicaron a dilapidar sus recursos a voluntad, ajenos a la quiebra técnica de la caja y al sacrificio exigido al resto del país en aquellos días. Las pruebas demuestran que los usuarios de las tarjetas no sólo gastaron lo que no era suyo, sino que eran insaciables: un último informe remitido por Bankia al tribunal desvela que consideraban insuficientes los límites de gasto fijados para estas tarjetas opacas y pedían constantemente que fueran aumentados.
Los límites de gasto casi siempre se quedaban cortos para quienes fundieron 15,5 millones de euros con las ‘tarjetas black’, según consta en los correos electrónicos que se intercambiaron los departamentos de control de tarjetas de la entidad, que en 2012 necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público para tapar sus agujeros. Agujeros causados en buena medida por malas prácticas como las tarjetas opacas, por donde el dinero salió a chorros entre 2003 y 2012 para pagar sobre todo hoteles y restaurantes de lujo, ropa de marca, fiestas, bebidas alcohólicas, viajes, joyerías, lencería fina y hasta gasolina y peajes. Era la fiesta de la cutrez, pagada por un país en crisis.
Las solicitudes las gestionaba Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Caja Madrid e imputado por gastar 484.200 euros con su propia tarjeta opaca. Cada beneficiario disfrutaba al principio de un límite de gasto mensual de entre 3.000 y 8.000 euros, pero eran recurrentes las peticiones de que ese umbral fuera aumentado, sobre todo en períodos como la Navidad y el mes de agosto, cuando los gastos se disparaban.
El que fuera mano derecha de Miguel Blesa, Matías Amat, y la concejala ‘popular’ del Ayuntamiento de Madrid Mercedes de la Merced, fallecida en 2013, figuran en el informe entre los que más peticiones de aumento de gasto formularon. En el listado también están el exconsejero Mariano Pérez Claver, el exdirector de Banca Comercial de la entidad Ramón Ferraz-Ricarte -que en 2006 pidió disponer de 1.000 euros diarios- y el propio expresidente de la caja Miguel Blesa, quien entre abril y mayo de 2006 pidió fijar su límite de gasto en 24.000 euros. Todas las solicitudes fueron religiosamente atendidas, según la documentación.
El euro de Moral Santín
Igual de voraz a la hora de beneficiarse del saqueo se mostró José Antonio Moral Santín. El que fuera hasta mayo de 2012 vicepresidente de Caja Madrid y dirigente de IUCM fue el segundo de los 65 imputados que más dinero gastó: 456.522 euros, de los que 367.000 -el 80%- fueron reintegros en efectivos en cajeros automáticos.
La conducta de Moral Santín ha indignado a sus compañeros de Izquierda Unida de Madrid (IUCM) y el PCE. Algunos recuerdan que en el período en que se quedaba con estos fondos oscuros hizo gala de una tacañería sin límites. Fuentes de la formación aseguran que cuando organizaban ‘a escote’ comidas de compañeros del partido, él “nunca” tenía dinero para pagar su parte. Y que cuando era requerido para participar en algún acto exigía a IUCM que le pagaran el taxi de ida y vuelta. A la salida de las reuniones tomaba café o una cerveza con sus camaradas y se iba sin pagarla o, como mucho, “dejaba un euro”. En IU «era conocido por no pagar nunca su parte», recalcan las fuentes consultadas.
Mientras eso ocurría, cada semana Moral Santín acudía a un cajero a recoger una cantidad fija: 300 euros entre 2003 y 2004. Ese año subió a 500 euros, montante que mantuvo hasta 2007, cuando decidió aumentar a 600 euros sus disposiciones de efectivo. En total sacó dinero 695 veces, según los datos remitidos en su día por Bankia al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. También hizo pagos con su tarjeta opaca en restaurantes y en hoteles en el Bierzo, de donde es originario, en paradores nacionales y en un Golf Aparthotel de Girona.
Juicio ejemplarizante
La documentación remitida por Bankia al juzgado ha sido contestada con un airado rechazo por las defensas de los acusados. En su exposición de las cuestiones previas, que ocuparon la segunda sesión del juicio que se celebra en San Fernando de Henares, los abogados defensores pidieron que no sea tenida en cuenta por causar «indefensión» de los acusados. Por su parte el fiscal, José María Luzón, defendió la validez de esas pruebas, que considera de «indudable relevancia» y que, dijo, le hubiera gustado conocer con anterioridad. El representante del Ministerio Público justificó la divulgación por Bankia de esos correos y las denuncias del FROB, porque «el funeral de Caja Madrid lo hemos pagado entre todos los españoles», subrayó.
El juicio de Caja Madrid lleva camino de convertirse en un proceso ejemplarizante contra los acusados, ahora abandonados por sus anteriores partidos, sindicatos, empresas y organizaciones. El caso sienta en el banquillo a todo un exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, además de otros exdirigentes del PP; a miembros del PSOE, de IU y de los sindicatos UGT y CCOO. También hay un expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, un expresidente de CEOE -el ya presidiario Gerardo Díaz-Ferrán- y de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. Salpica al expresidente del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo, que gastó dinero en joyas, fiestas nocturnas y lencería de Women's Secret, y al exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, quien fundió 223.900 euros. Sus instituciones recomendaban a los españoles sacrificios mientras ellos disfrutaban de la fiesta del dinero gratis del cortijo de Caja Madrid. De ahí que ningún partido, sindicato, empresa u organización haya salido ahora en su defensa.
César Calvar