Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato serán los primeros en someterse, a partir de este viernes, a las preguntas de la Fiscalía y del resto de acusaciones en el juicio por el uso de tarjetas opacas de la entidad, después de que el Tribunal resuelva las cuestiones previas.
Entre los asuntos sobre los que debe pronunciarse la Sala antes de que comiencen los interrogatorios destaca si se admite un informe de la consultora KPMG, que señala que las tarjetas no fueron aprobadas por ningún comité de Caja Madrid y se emitieron fuera del circuito tradicional, aunque el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ya lo calificó de «irrelevante«.
También se pronunciará sobre una serie de correos electrónicos que demuestran que los 65 usuarios de las tarjetas que se sientan en el banquillo tenían constantes «problemas de liquidez» pese a que el límite máximo de gastos mensual era, en algunos casos, de decenas de miles de euros.
Tanto el informe como los correos electrónicos han sido aportados por Bankia, heredera del negocio bancario de la caja, y que, junto a su matriz BFA y el FROB, ejercen la acusación particular.
La acusación popular corre a cargo de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Durante las dos sesiones precedentes, las defensas y las acusaciones adelantaron cuáles serán sus líneas de trabajo durante la vista, y aunque no consta que los 65 imputados hayan acordado una estrategia común, las exposiciones de las defensas coincidían en varios puntos.
Todos solicitaron la nulidad de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo Excel con los gastos de cada uno de ellos aportada al proceso por Bankia, entidad que, a su juicio, no está legitimada para ser acusación particular.
Por un lado, ponen en cuestión la veracidad de los datos aportados por la entidad, ya que no se trata de extractos bancarios sino de una hoja de cálculo en la que al parecer se han volcado los datos.
Además, alegan que la divulgación de esos datos supone un atentado contra el derecho a la intimidad y es anticonstitucional, y sobre todo, rechazan que Bankia o el FROB puedan presentarse como perjudicados en la causa, puesto que los hechos que se juzgan son anteriores a su creación, aunque lo que se investiga no son sólo gastos con tarjetas de Caja Madrid, sino también de Bankia.
De los 65 acusados, 28 han devuelto ya las cantidades desembolsadas, entre ellos Rato y Blesa.
Este último logró el pasado 21 que el juez instructor, Fernando Andreu, levantara parcialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes, y poder así depositar en la cuenta abierta en el FROB a tal efecto casi 440.000 euros que gastó con su tarjeta.
La pretensión de las defensas de eliminar a Bankia y al FROB del proceso no obtuvo el respaldo del Fiscal, que en su intervención defendió la validez de las pruebas aportadas por ambos.
Luzón justificó la divulgación de correos electrónicos con datos privados de los acusados, «de indudable relevancia», dada la existencia de fundadas sospechas de irregularidades.
Por lo que respecta a la pretensión de las defensas de no reconocer a Bankia como heredera de Caja Madrid, Luzón alegó que aunque la sucesora real de la caja es la Fundación Caja Madrid, Bankia no sólo continuó con el negocio bancario sino que en su seno volvieron a reproducirse estas conductas delictivas, ya bajo la presidencia de Rato.
La sesión se reanudará este viernes a las 11:00 horas y en medio de una gran expectación, con más de 65 medios acreditados y cerca de 200 periodistas destacados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Los 65 acusados deben estar presentes durante todas las fases del juicio, incluido Gerardo Díaz Ferrán, que acude desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple condena desde 2012 por el vaciamiento de Viajes Marsans, y que alegó problemas de salud para no asistir, petición que le fue denegada.
EFE