El Constitucional y el Supremo han avalado hoy la acción penal por desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra el diputado y exportavoz de la Generalitat, Francesc Homs, con dos iniciativas diferentes pero que han sido anunciadas al mismo tiempo.
El pleno del Constitucional ha aprobado hoy por unanimidad denunciar ante el fiscal un posible delito de desobediencia por parte de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, por no acatar las resoluciones del tribunal.
Esta decisión se ha hecho pública a las 14.30 horas de hoy, a la vez que se conocía la resolución del Supremo de tramitar ante el Congreso el suplicatorio para actuar penalmente contra el diputado y exportavoz de la Generalitat Francesc Homs por dos delitos, desobediencia y prevaricación.
La petición del Supremo excluye el delito de malversación, que también le imputaba el fiscal a Homs y, por tanto, cualquier pena de cárcel. Sin embargo, es la antesala de un posible procesamiento del diputado.
La actuación del Tribunal Constitucional es mucho menos directa, pues en su auto no dirime la existencia o no de responsabilidad penal. Se limita a denunciar los hechos ante el fiscal, a quien señala que, si «lo estima pertinente», debe promover «el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes».
Esta es la primera vez en la historia del alto tribunal en que actúa de este modo, lo que aporta un peso evidente a su acción contra la parlamentaria catalana.
El Constitucional decidió el pasado 1 de agosto por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña en la que marcaba su hoja de ruta hacia la independencia. Le dio 20 días de plazo a Forcadell para que le informara de su actuación antes de una posible acción contra ella.
El TC no aplica a Forcadell las capacidades sancionadoras (léase la suspensión de su cargo) que le permite la reciente reforma de su Ley Orgánica aprobada por el PP. El propio TC tiene que decidir si esa reforma es o no constitucional.
Pero al mismo tiempo, el Constitucional es muy preciso cuando dice que «todos los poderes públicos estaban y están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional», desde antes de esa reforma.
Forcadell ha asegurado, después de conocer la acción del Constitucional contra ella, que volvería a hacer lo mismo.
La presidenta del Parlament ve en el Estado «miedo a la democracia» y «pánico a la libertad de expresión» por haber hecho «lo que toca y que volvería hacer», que es «cumplir estrictamente el reglamento del Parlament».
Homs ha reaccionado no solamente a su posible procesamiento por el Supremo, sino también a la iniciativa del TC y ha declarado que el Constitucional y el Supremo actúan para intentar «meter miedo» justo cuando se entra en la «fase final del proceso» independentista.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha asegurado que la mejor respuesta a los tribunales en los casos de Forcadell y Homs es «lo que votaremos hoy en el Parlament», es decir, celebrar un referéndum de independencia en septiembre del 2017 con o sin el aval del Estado.
Los procedimientos contra los dos políticos catalanes tienen orígenes diferentes, en todo caso.
Así, la causa contra Homs está relacionada con la consulta del 9N. En esa fecha Homs pudo haber desobedecido, según el juez del Supremo que instruye su caso, la suspensión de dicha consulta por el Tribunal Constitucional, una desobediencia consciente que también supone un posible delito de prevaricación.
Aquella desobediencia tuvo que ver con las garantías por escrito que Homs le dio a un proveedor necesario para la organización del evento, garantías que aseguraban a la empresa en cuestión que no estaba incumpliendo la sentencia del TC suspendiendo la consulta cuando suministraba sus servicios a la Generalitat.
Homs ha alegado que ni el TC, ni el Gobierno, dejaron claro hasta dónde llegaba esa prohibición y que por tanto cumplió el mandato de la mayoría de los votantes.
Forcadell, por su parte, podría haber desobedecido al TC al aprobar resoluciones de hoja de ruta del proceso independentista en el Parlament después de que el Constitucional las anulara.
EFE