El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pide aplicar un IVA del 4 % al agua, el gas, la electricidad y el transporte público para hacer frente a la pobreza energética así como prohibir los cortes de suministros a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.
En Comú Podem ha registrado hoy una proposición no de Ley para debatir en la Comisión de Industria con el fin de que se aplique una batería de medidas que frenen la pobreza energética y que regulen el sistema de suministros básicos del hogar con tarifas progresivas que incentiven el ahorro y penalicen el consumo ineficiente.
La iniciativa urge modificar la Ley del IVA para rebajar el tipo a los suministros considerados de primera necesidad y solicita considerar la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos.
«Considerar la energía como bien público estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo», señala la proposición no de Ley, que también solicita informes emitidos por los servicios sociales competentes para que no puedan suspenderse los suministros a las familias con menos recursos.
Otra de las medidas que propone el grupo parlamentario es responsabilizar económicamente a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo y aplicar descuentos en las facturas que correrían a cargo de las compañías eléctricas.
En el mismo sentido, insta a que las empresas suministradores publiquen trimestralmente información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro.
Pide también realizar urgentemente una auditoría independiente sobre el conjunto del sistema del sector eléctrico y sobre los costes reales y el déficit de tarifa.
«Es hora de que se afronte una reforma en profundidad de la legislación del sector eléctrico», señala la iniciativa, que recuerda que la última encuesta de condiciones de vida del INE indica que uno de cada diez hogares no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
La proposición no de Ley señala que el recibo de la luz ha subido en diez años un 76 % para el usuario medio, que ha pagado en 2015 unos 400 euros más que en 2005, tal como pone de manifiesto un estudio de FACUA-Consumidores en Acción.