El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha emplazado este lunes al Gobierno a «hacer política» y a sentarse a negociar con ellos la fecha y la pregunta del referéndum que se celebrará en torno a septiembre de 2017, que se celebrará, ha subrayado, con la autorización o no del Estado.
A su juicio, se trata de diseñar una consulta en la que se sientan todos «cómodos«, en la que se pacte la fecha, la pregunta y los porcentajes sentados a una mesa, porque ahora están en el «banquillo de los acusados».
Ha sido en una conferencia en Madrid organizada por Europa Press, a la que han asistido, entre otros, varios consellers de su gobierno, diputados y senadores soberanistas y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.
Puigdemont ha señalado que con esa negociación el Ejecutivo central podría «competir» con la Generalitat catalana en el referéndum con la respuesta que den los ciudadanos en las urnas.
«Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con el Estado, se celebraría dentro y fuera de España, sería político y se resolverían dos variables enquistadas: la situación en Cataluña pero también la gobernabilidad en España», ha señalado.
Y ha recordado que alrededor del 80 por ciento de los catalanes cree que se debería votar: «Los del sí y los del no nos sentimos cómodos con la idea de votar», ha insistido antes de urgir al Estado a que «juegue el partido» y a que les proponga «algo».
A modo de ejemplo, ha sugerido que el Gobierno central podría plantear que el referéndum incluyera la posibilidad de acometer una reforma constitucional frente al «no» a la independencia, aunque su criterio es que debería haber una pregunta clara sobre si se quiere que Cataluña sea independiente o no.
El presidente catalán está abierto incluso a negociar la fecha de la consulta, que no tendría que ser obligatoriamente en septiembre de 2017, y a hablar sobre los porcentajes, de manera que se fije un mínimo de participación «incontestable» para dar legitimidad a la votación y otro porcentaje sobre el resultado.
Y comprometerse todos a aceptar lo que salga de las urnas, tanto si es el sí como si es el no. En este último caso, ha aclarado que respetarán el no: «No vamos a subvertir el deseo de los catalanes».
«Pero si hay una participación y un resultado claros, nadie va a poder mirar para otra parte», ha advertido ante la posibilidad de que finalmente se celebre un referéndum unilateral.
Ese mensaje se lo trasladará al próximo presidente del Gobierno si hay investidura antes del 31 de este mes, a quien se ha comprometido a telefonear para felicitarle y pedirle una entrevista.
También se ha mostrado dispuesto a hablar con el Rey Felipe VI cuando él «considere oportuno», consciente de que tiene «un papel difícil», que está ejerciendo «con responsabilidad».
«Cuando él considere que es interesante hablar de la situación en Cataluña, con mucho gusto, no tendré ningún inconveniente», ha asegurado al ser preguntado sobre este asunto.
Puigdemont, quien se ve fortalecido tras la moción de confianza de la que salió airoso hace dos semanas, ha reiterado la necesidad de dar «una solución política a la demanda catalana», para lo cual ha reclamado «coraje y compromiso» y partir «del reconocimiento del otro».
También ha negado que el proyecto soberanista esté influyendo negativamente en la economía catalana, sino que incluso ve que está sucediendo lo contrario, con el PIB catalán creciendo a mayor ritmo que la media, y se ha remitido a las recientes palabras del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para subrayar que una Cataluña independiente es viable desde el punto de vista económico.
En este contexto, ha defendido que sean sólo los catalanes los que voten, y no todos los españoles, y se ha preguntado si algún país de la UE quiso votar en el «brexit», en el que los británicos decidieron abandonar la Unión.
Respecto a la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, ha opinado que sería un recurso políticamente arriesgado, que conduciría a un callejón sin salida. Y que el Gobierno recurriera a la Policía lo ve de una «gravedad grande», que «conseguiría los resultados contrarios».
EFE