El Consejo de Ministros ve mañana el proyecto presupuestario que exige Bruselas dentro del procedimiento de déficit excesivo que tiene abierto a España, que será una actualización de las cuentas de 2016 conforme al último cuadro macroeconómico e incluirá una estimación de déficit para 2017.
Según ha confirmado esta semana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, esa cifra de déficit púbico «no estaría muy lejos del 3,1 % del PIB» fijado por Bruselas, a pesar de que las cuentas que se enviarán a Europa son «una mera proyección» de las de 2016 sin modificaciones de política económica.
El documento que se mandará a Bruselas incluirá únicamente la revisión de las cuentas de 2016 conforme a los supuestos del último cuadro macroeconómico -aprobado por el Gobierno el 29 de julio- para actualizar determinadas partidas como los ingresos tributarios, las cotizaciones a la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo o la carga de intereses de la deuda pública.
El Gobierno en funciones no puede elaborar unos presupuestos ni aprobar un techo de gasto para el siguiente ejercicio, aunque en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que pudiera dar el visto bueno el límite de gasto para 2017 e incluso de que aprobara un decreto ley para subir las pensiones y los salarios de los empleados públicos.
El Ejecutivo en funciones ha pedido informes jurídicos al respecto, pero siempre ha mantenido una actitud prudente al entender que no podía tomar decisiones que comprometieran la política económica del siguiente Gobierno.
La probabilidad de que Mariano Rajoy sea investido presidente a finales de octubre permitirá al nuevo Gobierno presentar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017 antes de que acabe el año, según ha avanzado también De Guindos, que ha explicado a sus colegas europeos esta semana el «cambio en el ambiente» que se percibe en España tras la crisis del PSOE.
De no ser así, el presupuesto actual seguiría vigente el 1 de enero en virtud del artículo 134.4 de la Constitución, que dice que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».
Los presupuestos generales del Estado para 2017 deberán contemplar los ajustes necesarios para cumplir con el compromiso de rebajar el déficit público hasta el 3,1 % del PIB, desde el 4,6 % que se prevé que se consiga este año gracias al cierre adelantado del presupuesto y a la reforma del Impuesto de Sociedades.
Esta reducción del déficit supone un punto y medio de PIB que equivale a más de 15.000 millones de euros, de los que la mayor parte se corregirá por sí solo, según el Gobierno, gracias al crecimiento de la economía y el empleo.