El PP de Andalucía, acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos, ha solicitado penas de cárcel de dos años contra los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de «asociación ilícita».
Así lo recoge el escrito de acusación que los populares han presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y pide para los expresidentes dos años de cárcel, inhabilitación de 12 años y una multa de 60 euros diarios durante 20 meses.
El presunto delito de asociación ilícita es la única novedad en la petición de penas del PP-A, que asume el resto de peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha confirmado en rueda de prensa la secretaria general, Dolores López.
Según ha dicho, el caso es la «historia de un fraude millonario» a las arcas públicas, que ha cifrado en 1.280 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a mediados de septiembre seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.
La Fiscalía pide ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
«Se trata de fraude ideado en las más altas esferas del Gobierno andaluz con un sistema ajeno a todos los controles. La Junta repartió dinero ilegal a dedo a empresas y empresarios afines al PSOE o la Junta sin que nadie pudiera detectarlo«, ha esgrimido.
La dirigente popular no ha dudado en indicar que la «red clientelar estaba perfectamente tejida en torno al PSOE-A» con el objetivo de «mantenerse en el poder», y ha subrayado que «nadie se cree que un director general (por Javier Guerrero) manejara más de 1.000 millones a su antojo y sin rendir cuentas».
«Nadie se cree que la operación del fondo de reptiles se la inventó un alto cargo que iba por libre, cuando fue un sistema para enmascarar los datos en los presupuestos», ha afirmado.
López ha tildado de «riguroso y serio» el escrito de acusación de su partido al «respetar» los criterios de la Fiscalía y solicitar las misma penas a las mismas personas.
El PP-A observa, no obstante, «serios indicios de asociación ilícita», que atribuye a los 26 encausados, al estimar que ha existido una «trama para burlar controles y repartir fondos públicos con total arbitrariedad», extremo que, según los populares, han puesto de manifiesto los jueces que han llevado el caso, el TSJA o la Fiscalía del Supremo.
La secretaria general ha acusado a la Junta de «renunciar» a defender a los andaluces en lo que ha denominado como el «mayor caso de corrupción de la democracia» y ha señalado que se ha comportado como el «brazo ejecutor del PSOE».
En este sentido se ha referido a las críticas de la presidenta andaluza, Susana Díaz, la «presunta» mujer de Estado, tanto a la juez Mercedes Alaya como a la Guardia Civil, a los que «comparó con la Inquisición», ha precisado.
EFE