La Junta Electoral Central ha multado con 1.500 euros al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la campaña institucional de la Junta a los beneficiarios del Plan de Empleo 2015-2017 que realizó en la campaña de las elecciones de junio, por considerar que incumple la Loreg.
En dicha campaña institucional, se hizo llegar una carta a los beneficiarios del plan de empleo, en la que el presidente autonómico afirma: «Para el Gobierno de Castilla-La Mancha el empleo es la primera prioridad».
«Por este motivo, nos hemos puesto manos a la obra para conseguir que las personas que perdisteis vuestro empleo y que sufristeis años de búsqueda infructuosa hasta llegar a agotar vuestras prestaciones, encontrarais nuevamente una oportunidad laboral», continúa la misiva.
«Espero que este empleo, aunque sea temporal, te permita mejorar tu situación inmediata, afrontar el futuro con más optimismo y ser el inicio de un cambio deseado y necesario para todos. Estoy seguro de que si todos seguimos trabajando y empujando en esta misma dirección, muy pronto en Castilla-La Mancha podremos darle la vuelta a esta situación y construir entre todos el futuro que nos merecemos», concluye la carta.
Esta misiva se ha considerado como una infracción al artículo 50.2 de la Loreg, según la resolución de la Junta Electoral Central, con fecha de 11 de octubre de 2016 y a la que ha tenido acceso Efe.
En dicha resolución, se explica que para imponer la multa de 1.500 euros se ha tenido en cuenta que la campaña ha sido efectuada con participación directa de la más alta autoridad de la comunidad autónoma, en este caso, su presidente, y que por ello le es exigible un mayor deber de cuidado.
Asimismo, señala que la «campaña de logros», como se define a la campaña institucional, versa sobre un «tema tan sensible y tan susceptible de utilización electoralista como es el empleo», por lo que argumenta que cualquier campaña relacionada con este asunto debe efectuarse con la máxima cautela.
Y que, por la naturaleza de la campaña, las cartas han sido dirigidas a un «elevado número» de destinatarios que se encuentran en situación de desempleo y, por consiguiente, en «una situación de mayor debilidad frente a eventuales consecuencias propagandísticas».
Ante esta multa, el Gobierno regional ha afirmado que acata la resolución, aunque no comparten el criterio establecido por la Junta Electoral Central.
En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo castellanomanchego han indicado que se han dado instrucciones para que en el futuro no haya ningún tipo de comunicación con la ciudadanía en ningún periodo electoral, aunque las mismas sean para informar de decisiones y acciones de gobierno en beneficio común de la sociedad castellanomanchega, como consideran este caso.
Efe