Siete de la tarde del 25 de septiembre de 2011. José Tomás y Serafín Marín abren por última vez la Puerta Grande de la Monumental de Barcelona. Desde entonces, el coso barcelonés se mantiene cerrado para albergar festejos taurinos. Sin embargo, hoy, los aficionados taurinos están de enhorabuena tras un lustro reivindicando la fiesta nacional que les fue abolida. El Tribunal Constitucional ha anulado la prohibición de las corridas de toros que aprobó el Parlament de Cataluña, al considerar que se extralimitó de sus funciones y que invadió competencias estatales. Como se preveía, el fallo ha sido aprobado por unanimidad: ocho magistrados han votado a favor y tres en contra.
El fallo supone, además, un duro golpe para los partidos soberanistas en su camino por intentar suprimir de la sociedad catalana aspectos tradicionales de la cultura española, más allá de los argumentos en defensa y protección de los animales con los que supuestamente fue aprobada esta ley.
El argumento principal de la sentencia señala que el Ejecutivo catalán fue más allá de las atribuciones que le confieren las transferencias de gestión en materia de espectáculos públicos y por tanto los puede regular, al igual que sucede en cuanto a la protección de animales. Ello le permite vetar un espectáculo público determinado para proteger a los toros, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.
Ahí es donde las competencias catalanas invaden las estatales y en ese punto cuenta también otro elemento clave: las leyes dictadas por el ejecutivo central (2013 y 2015) por más que sean posteriores a la norma catalana ahora anulada, tienen validez, entre otras razones porque nunca han sido recurridas ante el propio Constitucional
Reacciones al fallo
El mundo del toro inició una cruzada desde que el Parlament prohibió las corridas en Cataluña, con la intención de revocar una medida que este sector consideraba como «ilegítima y anticonstitucional», y al que hoy el Constitucional ha dado la razón. La lucha por la vuelta de los toros a Barcelona la han emprendido, principalmente la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y la Fundación del Toro de Lidia.
Sin embargo, la mayoría de las formaciones políticas en Cataluña han dejado patente su rechazo a una decisión del TC que daban por hecha. El PSC ya se ha apresurado a afirmar que los socialistas catalanes «acompañarán» al Govern en la búsqueda de «vías legales» para «impedir» que las corridas detoros vuelvan a Cataluña.
En la misma dirección se ha manifestado Catalunya Sí Que Es Pot, que ha brindado su apoyo al Govern para buscar conjuntamente las vías «legales» que permitan «no acatar» la sentencia. «No daremos ni un paso atrás, no nos pararemos, lo elevaremos a instancias superiores, iremos a los tribunales internacionales», ha afirmado la diputada Hortènsia Grau.
ERC ha manifestado que la sentencia responde a una decisión «salvaje», «burda» y «zafia», adoptada sólo porque «es en Cataluña«. Rufián ha incidido en que en «el Estado español es anticonstitucional prohibir que se asesine y torture a un animal de forma pública en una plaza», y acto seguido se ha preguntado por qué se respeta la decisión del Parlamento canario en el mismo sentido.
La consejera de Presidencia, Neus Munté, ya anunció que el Govern tenía previsto dejar sin «efectos prácticos» la sentencia contra la prohibición, aunque sin especificar cómo. «Acataremos la decisión que tomó en su momento el Parlament», señaló Munté en su momento, aunque añadió que «en su país no quieren un país donde se mate y se haga sufrir a los animales».
La decisión del TC supone un duro golpe para el soberanismo en Cataluña y también crea jurisprudencia que podría evitar casos similares en otras regiones españolas, como la iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en Baleares.
Samuel Jiménez | AGENCIAS